La campaña electoral cada vez se vuelve más candente. Y quien salga elegido deberá hacer frente a problemas que pueden obstaculizar el crecimiento económico del Perú. Entre estos problemas están los altos costos laborales, la sobrerregulación, la corrupción y la informalidad, como se identificó en CADE Ejecutivos la semana pasada.Follow @PortafolioECpe !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');
Si bien son problemas que se arrastran desde hace varios años, hoy adoptan mayor peso debido al contexto actual, en el que ya no existen ‘vientos a favor’ de la economía peruana. En ese sentido, ¿qué medidas se pueden adoptar para reducirlos?
Para José Carlos Saavedra, director de Análisis Macroeconómico de Apoyo Consultoría, los costos laborales en el Perú son altos debido a que la productividad es baja. “En el Perú hay un desbalance: el trabajador peruano está entre los menos productivos de Sudamérica, y a la vez tenemos altos costos laborales. Ese desbalance tiene como consecuencia que es óptimo para muchos irse por la informalidad, sobre todo para las microempresas”, explicó el especialista.
Pero aumentar la productividad toma tiempo y bajar los costos laborales es políticamente inviable –basta recordar lo que sucedió con el régimen laboral especial para los jóvenes que el Poder Ejecutivo impulsó y fue derogado–.
Por eso, Apoyo Consultoría tiene una propuesta que –asegura Saavedra– disminuiría los costos del empleo sin reducir los beneficios laborales. Esto se lograría a través de un incentivo tributario. “Si contratas a un trabajador a tiempo completo a plazo indeterminado, el beneficio tributario se aplica a ti. Si al trabajador se le paga S/.1.000, el empleador podrá descontar como gasto S/.1.500; la diferencia es el beneficio tributario. Eso implicaría poder generar 100.000 puestos de trabajo más con plazo indeterminado –que es el trabajo de mejor calidad– a un costo fiscal de 0,1% del PBI”, detalla Saavedra. Agrega que así no solo se beneficia al trabajador, sino a otros miembros de su familia, quienes adquieren seguro de salud y acceso al crédito.
En relación a la sobrerregulación, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEBB) del Indecopi adquiere relevancia, pues a ella se puede acudir cuando una entidad pública exige requisitos ilegales o entrampa la actividad empresarial sin justificación. De ahí que sería óptimo que se le asignen mayores recursos, opina Julio Luque, presidente de Métrica y especialista en ‘retail’.
Actualmente el trabajo de la CEBB es posterior a la existencia de barreras burocráticas ilegales. Es decir, existen y luego son identificadas como ilegales. Lo ideal es evitar que existan, indica Ivo Gagliuffi, socio de Lazo, De Romaña & Gagliuffi Abogados. En ese sentido, resalta los beneficios de un análisis de impacto regulatorio que se realice de manera preventiva a la emisión de las normas o requisitos, como sucede en otros países.
Para disminuir los niveles de corrupción es necesario dotar de mayores facultades a la Contraloría de la República, opina Raúl Barrios Fernández-Concha, primer vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima y socio principal de Barrios & Fuentes Abogados. “Por ejemplo, que la Contraloría tenga facultades de suspender una licitación. Hoy si detecta una licitación que está en proceso y hay actos irregulares, la Contraloría no puede hacer nada”, detalla el especialista.
INFORMALIDADBarrios Fernández-Concha opina que es necesario un período de amnistía para que los pequeños y microempresarios puedan formalizarse. “Si tienes un pasado como comerciante de 10 o 15 años, y nunca has tenido a tus trabajadores en planilla ni has pagado impuestos, en el momento en que te formalizas te puedes ir preso por lavado de activos o te vas a la quiebra por los beneficios laborales que no has pagado”, detalla.
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