Con su creación, en el 2008, el régimen especial de contratación administrativa de servicios (CAS) pretendía solucionar los problemas generados por la proliferación de los servicios no personales en el sector público.
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Pero, lejos de abrir las puertas a un sistema de contratación más flexible, el régimen CAS –según un reciente informe elaborado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir)– también propició que la planilla del Estado se incremente sin considerar criterios objetivos e instrumentos de planificación.
Para empeorar las cosas, su temporalidad pareciera haber quedado en el olvido y casi una década después de su entrada en vigencia, las principales críticas contra el régimen CAS se centran en la notoria evolución del número de servidores contratados bajo este régimen (acumuló un crecimiento de 76% del 2009 al 2016) y en su consecuente costo para el Estado.
Tal como revela el informe de Servir, el CAS se ha convertido en la modalidad de contratación más usada en el Estado, pues representa más del 40% de la planilla pública. Por esa razón, Carlos Oliva, economista de la Escuela de Gestión Pública de la UP, apuesta por su eliminación como único camino posible.
Para ello, espera que el gobierno actual se compre el pleito y concentre sus esfuerzos en lograr que un régimen “sin sentido”, como el CAS, termine por desaparecer, y abra paso a la implementación definitiva de Ley del Servicio Civil.
“Es cierto que en su momento el CAS ayudó a contratar gente, pero bajo ningún punto de vista es una solución estructural a un problema estructural. El gobierno anterior no se compró el pleito de Servir porque estaba de salida, y el nuevo tampoco ha dicho ‘sigamos’, porque la situación fiscal ha cambiado, pero lo mejor que podría hacer es seguir adelante con la ley, porque se trata de la reforma más importante del sector público en los últimos 15 años”, refiere.
SERVIR AVANZASobre los avances en la implementación de la Ley del Servicio Civil, Cynthia Sú, gerente (e) de Políticas de Gestión de Servir, adelanta que de las 311 entidades públicas que se preparan para implementar esta reforma, alrededor de 40 se encuentran en una etapa bastante avanzada dentro de ese tránsito, por lo que hacia finales de este año algunas de ellas estarían en condiciones de realizar los primeros concursos públicos bajo esta ley.
“Sin duda, la formalización es el gran reto que tenemos como país. Tenemos que ordenar el Estado, eliminar la discrecionalidad y reconocer los derechos de los trabajadores, porque el CAS no responde a instrumentos de planificación. Pero como la Ley del Servicio Civil sí contempla la contratación a plazo fijo, pero con todos sus derechos laborales, el reto está en usarlo de manera correcta”, añade.
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