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La carrera por producir combustibles más limpios a partir del 2016 sería ganada por Repsol y perdida por Petro-Perú, pese a que la estatal arrancó con antelación (en mayo pasado) la modernización de la refinería de Talara, proyecto de US$3.500 millones.
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Según el ministro de energía y minas, Eleodoro Mayorga, la española ha iniciado ya la modernización de su respectivo complejo refinero: La Pampilla, el otro gran jugador en el mercado de producción y comercialización de combustibles peruano.
“Repsol ya arrancó su proceso para quitar el azufre de los combustibles y tiene intenciones de desarrollar unidades de conversión profunda, como las de Talara, para la producción de crudo pesado. Hace poco estuvo aquí (en el Minem) el nuevo representante de Repsol para anunciar que tienen opciones de crecimiento con nuevas inversiones en su refinería”, anunció el titular del sector a Día_1.
En efecto, la española centrará sus esfuerzos en desulfurizar los combustibles que produce, antes de pasar a la etapa de producción de crudo pesado. Esto le dará una enorme ventaja sobre Petro-Perú, que planea implementar ambas operaciones al mismo tiempo, por lo que se demorará cuatro años (hasta 2019).
Repsol, en cambio, comenzará a producir combustibles con menos de 50 ppm de azufre al cabo de dos años. “Repsol ya comenzó la desulfurización, pero tiene además el compromiso de proveedores y contratistas de cerrar sus entregas en el 2016”, reveló el consultor en energía César Gutiérrez.
El especialista advirtió que esta movida pondrá a Petro-Perú en una apurada situación, pues Repsol exigirá al Gobierno la aplicación de la ley que prohíbe la comercialización de combustibles con más de 50 ppm en provincias a partir del 2016.
“Petro-Perú no va a poder cumplir, mientras que Repsol sí. Entonces, se verá obligado a importar más diésel para abastecer a provincias, con lo cual su rentabilidad se irá a negativo y arrojará pérdidas entre el 2016 y el 2019”, observó.
PETRO-PERÚ PODRÍA QUEBRARLa determinación de Repsol de producir combustibles limpios desde el 2016 podría conducir a la quiebra a Petro-Perú si el Estado no adopta medidas inmediatas, alertó Gutiérrez.
“Una posibilidad sería diferir al 2019 la obligatoriedad de la norma ambiental que exige menos de 50 ppm, pero ello desacreditaría al Gobierno”, refirió. En su opinión, una salida sensata, pero “difícil de conseguir”, es convencer a Técnicas Reunidas (encargada de la modernización de Talara) para que entregue la desulfurización en el 2016.