El rostro de la informalidad laboral en Latinoamérica

Nunca ha firmado un contrato de trabajo. Se levanta a las 4:00 a.m. para salir de su casa en Villa El Salvador y atender desde las 6:30 a.m. en su puesto de golosinas que desde hace varios años tiene en el Cercado de Lima. Nunca ha recibido gratificación ni compensación por tiempo de servicios (CTS). Tampoco ha tenido vacaciones pagadas. Y, ni por asomo, se ha atendido en el seguro social.Follow @PortafolioECpe !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');

A pesar de que su nombre resulte una incógnita, su condición de trabajador informal bien podría servir para retratar la realidad que se vive en muchos países de la región. No en vano América Latina alberga a más de 130 millones de personas ocupadas que tienen empleos informales, sin protección social ni derechos laborales, como en el caso de nuestro anónimo amigo peruano.

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Pero, más de allá de lo abultada que puede resultar esa cifra, lo que más preocupa es que no todos los países han avanzado en la misma dirección para reducirla. Y pese a que “no existe una solución mágica ni absoluta contra la informalidad laboral” –como nos dijo en una entrevista Guy Ryder, director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)–, lo cierto es que los números mandan y frente a ello, el Perú –con seis de cada diez trabajadores en la informalidad– aún mantiene una notoria deuda pendiente.

Una deuda que requiere de urgentes soluciones, no solo para evitar que las estadísticas nos sigan dejando rezagados en la región, sino para que cada vez sean menos los peruanos que trabajen sin derechos laborales ni protección social, tal y como viene sucediendo con gran parte de nuestros vecinos, en donde la informalidad laboral disminuyó dos dígitos.

EXPERIENCIA DE ÉXITO 

Encabezando la lista, Argentina redujo en 17 puntos la informalidad laboral en los últimos diez años. Data del Ministerio de Trabajo gaucho revela que la tasa de empleo no registrado pasó de 50% a 33% entre el 2003 y el 2014. ¿Cómo? Según un estudio del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (Geenap), desde el 2003 este país supo echar mano de verdaderas políticas de Estado para cumplir con su objetivo de reducir la informalidad a menos de 30%.

Así, al crecimiento económico orientado al empleo de calidad se sumó la inspección del trabajo, el monotributo social, un programa de simplificación registral y la creación de los regímenes de trabajo agrario y del personal de casas particulares, además de la mejora en los mecanismos de fiscalización estatal con la incorporación de nuevos inspectores y un registro de empleadores

Similar es la situación de Uruguay, en donde la informalidad laboral se redujo 15,1%, también en diez años. Para el Programa de Promoción de la Formalización en América Latina y el Caribe (Forlac) de la OIT, el éxito charrúa se debió –entre otras cosas– a la flexibilización de las condiciones de acceso a los beneficios de los programas tradicionales y de pensiones, y a la equiparación de los derechos laborales de los trabajadores domésticos.

En el caso de Brasil, en donde esta problemática disminuyó cerca de 14 puntos porcentuales, exactamente 13,9%, la solución pasó por simplificar el pago de las obligaciones laborales, integrar la liquidación de los distintos aportes por trabajador en una sola planilla y facilitar el abono por medios electrónicos.

Mientras que en Ecuador, la caída de 10,8% se sustentó en la decisión que adoptó su Ministerio de Relaciones Laborales en el frente de fiscalización, cuando decidió reestructurar y fortalecer las inspectorías de trabajo por medio de la contratación de nuevos inspectores y la mejora de sus condiciones salariales. Pero, a diferencia de los dos primeros países, el logro ecuatoriano se produjo en apenas tres años.

Y, centrándose en las reformas en el sistema de seguridad social, que logró ampliar la cobertura del sistema de salud, en República Dominicana –el quinto país de la región que tuvo una mayor reducción de la informalidad laboral– el resultado a la baja fue de 10,7%. Al igual que Ecuador, lo anecdótico es que la disminución fue en cinco años.

SALIDA A LA PERUANAEn el caso del Perú, si bien entre el 2005 y el 2013, la informalidad laboral –según cifras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)– se redujo de 69% a 56,4%, la reducción de dos dígitos no ha servido para salir del grupo de los cinco países con mayores tasas de informalidad laboral en América Latina.

Para empeorar las cosas, cifras recientes indican que entre los 2,5 millones de peruanos que trabajan de manera informal, los empleados de las microempresas siguen siendo los más afectados dentro del segmento asalariado privado.

Si a ello le sumamos que dos de los intentos del actual gobierno para tratar de revertir esta situación no prosperaron, lo cierto es que el fracaso de la ‘ley pulpín’ y el aporte de los independientes terminaron por revelar que la supresión de algunos derechos de los trabajadores y la imposición en materia previsional no es el camino que se debe seguir para insertarlos en la formalidad, sobre todo cuando existen varios temas –como la fiscalización laboral– que aún no terminan de rendir frutos.

Por eso, no deja de llamar la atención que sea el propio titular del MTPE, Daniel Maurate, quien pida no criticar el nuevo cambio de jefe de la Sunafil, el cuarto en poco más de un año de creada la entidad fiscalizadora, cuando en países como Ecuador, Paraguay, Brasil y México, la fiscalización se convirtió en una herramienta vital para combatir la informalidad laboral.

¿Qué hacer entonces para que la situación actual cambie? Convencido de que la flexibilización no es lo indicado, el ex viceministro de Trabajo Javier Barreda apuesta por proponer un esquema de niveles e indicadores de formalización de acuerdo con los sectores económicos y la heterogeneidad que el Perú tiene.

“A partir del fracaso de la ‘ley pulpín’, el tema de los derechos laborales se ha hecho más sensible y no se puede caer en la definición de políticas ‘formalizadoras’ que solo consideren la fórmula de la flexibilización laboral”, refiere tras hacer hincapié en que formalizar también es mejorar salarios y acceso a servicios.

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