La Asamblea Nacional de Rectores (ANR) sigue resistiéndose a su desactivación. Esta mañana este organismo universitario denunció que el Ministerio de Educación actúa de una forma “ilegal” y “arbitraria” al declarar el cese de las dependencias de la institución, como el Consejo Nacional para la Autorización y Funcionamiento de Universidades (Conafu).
El martes, el sector Educación informó que el Conafu ya no puede seguir autorizando nuevas universidades debido a que esa función quedará en manos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu), que operará desde diciembre.
Al respecto, la ANR cuestionó que este cierre se ordenó sin la presencia de uno de sus representantes. “[El cese] fue acordado entre dos personas, sin la agenda, festinando trámites y sin siquiera haber una reunión al respecto”, dijo Marco Ríos Luna, nuevo representante de la ANR.
Ríos también denunció que se le notificó sobre el término de funciones de la asamblea recién el lunes 27 de octubre y que, en el mismo documento, le comunicaron que el cese entraba en vigencia al momento de la recepción del oficio.
Según la ANR, la desactivación se debe realizar con un grupo integrado por un representante de los rectores, uno del Ministerio de Educación y otro de Bienes Nacionales. No obstante, la asamblea asegura que el Gobierno ha cometido varias irregularidades y no ha respetado el cronograma.
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