Alfredo Quispe Pariona, psicólogo de 49 años, fue hasta el viernes último uno de los dos representantes de los profesionales peruanos ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Obtuvo su título de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en el 2008, ya entrado en años. Su nota biográfica indica que su única actividad laboral en los últimos 10 años fue la que brindó en el 2010 en la Autoridad Nacional del Agua como “coordinador de las administraciones locales en la difusión de la cultura del agua”.
Según Alex Ruesta, de “Perú 21”, hasta tres estudiantes denunciaron a Quispe por acoso sexual entre el 2004 y el 2007, lo que llevó a un Tribunal de Honor a separarlo de la universidad e inhabilitarlo de obtener el grado académico de Derecho, la segunda carrera que estudiaba. Su falta de pergaminos académicos, profesionales y éticos fue compensada por su cercanía con el rector Luis Cervantes Liñán, investigado por la Comisión de Educación del Congreso y la Fiscalía de la Nación, entre otros, por lavado de activos, según “Perú 21”.
Su cercanía con Cervantes le permitió graduarse de psicólogo; sobrevivir del tráfico ilícito de becas de estudio, recategorización de pensiones y títulos de pregrado, maestría y doctorado; y hacerse elegir al CNM. Existe un audio, que es hoy conocido por todo el país, en el que Quispe reconoce que los ilícitos beneficios conseguidos a los estudiantes a través del rector a cambio de dinero podrían ser inmorales, pero no ilegales.
Resulta inaudito que los consejeros del CNM, lejos de denunciarlo ante la justicia, el miércoles pasado votaron cinco a uno por incorporarlo como miembro pleno. Solo votó en contra Pablo Talavera, el presidente del colegiado, quien renunció irrevocablemente, haciendo estallar el escándalo. Dos días después, la reacción ciudadana obligó a los consejeros a revisar su decisión y destituir a Quispe.
El hecho es gravísimo, pues ha permitido que la opinión pública conozca la absoluta falta de ética, criterio jurídico y buen juicio de los actuales consejeros del CNM, que para salvar su pellejo han revertido en tiempo récord una decisión que les tomó meses adoptar. Es bueno recordar que a estos personajes les corresponderá nada menos que seleccionar a todos los jueces y fiscales, evaluarlos cada siete años e investigar y destituir a los supremos por los próximos cinco años, pues acaban de ser elegidos.
La institución es fundamental para la buena marcha de la justicia. Por ello, el Congreso debe investigarlos y eventualmente destituirlos, pues a criterio del defensor del Pueblo su conducta configura una falta grave. Por supuesto que lo ideal sería que renuncien, para lo que ayudaría mucho que así se lo exijan las universidades y colegios profesionales a quienes representan, como ya lo ha hecho el Colegio de Sociólogos.
Dejar pasar la oportunidad de renovar el CNM sería lamentable. Si ya se hizo con el Tribunal Constitucional, ¿por qué no con el CNM? Dependerá en gran medida de la movilización ciudadana y de la postura que adopten los medios de comunicación.
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