La mañana del 18 de noviembre del 2012, en un canchón de Puente Piedra, tres policías –a quienes se les calificó de corruptos y delincuentes– murieron baleados por sus colegas de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT), un grupo de élite especializado en combates usando fusiles.
Casi cuatro años después, el Ministerio del Interior y la fiscalía investigan si un supuesto escuadrón de la muerte, encabezado por el comandante de Inteligencia Enrique Prado Ravines, ordenó esa presunta ejecución extrajudicial.
De acuerdo con un informe de Inspectoría de la policía de marzo del 2015, Prado y otros agentes habrían tendido trampas a delincuentes. Se presume que los inducían a delinquir y, una vez acorralados, los ejecutaban al margen de la ley.
Su objetivo habría sido hacer creer a la opinión pública que frustraban secuestros y grandes asaltos para lograr ascensos y bonos económicos.
–Amigos y cómplices–Los tres policías abatidos en el 2012 eran Franco Moreno, quien realizaba el curso para tenientes; Víctor Monggo, de la Policía Montada; y Roger Manrique, de la comisaría de Jesús María. Más que amigos, eran cómplices. Esa mañana se reunieron en Puente Piedra para ultimar un ‘trabajito’. Los acompañó John Nolly, un ex recluso, y otros sujetos que aún no son identificados.
“Monggo y Moreno se ganaban la confianza de los jefes, eran operativos pero también extorsionaban a empresarios”, sostiene a este Diario un oficial de la Dirección Antidrogas, donde Monggo trabajó hasta el 2011. Los tres tenían investigaciones pendientes.
Roger Manrique, padre del suboficial Manrique, recuerda que ese día su hijo le pidió prestada su camioneta. “Espérame para jugar el partido”, le dijo al despedirse. No lo volvió a ver vivo. “No voy a decir que mi hijo era un santo, pero su muerte fue injusta”, afirma.
–¿Buenos contra malos?–El suboficial Jhon Ataucuri relata que ese domingo 18 de noviembre del 2012 a las 5:50 a.m. estaba a punto de terminar su turno en la SUAT, cuando le avisaron de una intervención en el cono norte. “No sabíamos de qué se trataba, la SUAT no investiga, solo recibe orden de atacar al enemigo y así se hace”, acota.
Esa orden vino de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), donde trabajaba el comandante Prado y a quien se le acusa de estar detrás de esas muertes.
“Cuando estábamos por el óvalo Naranjal recién nos dijeron que unos delincuentes iban a secuestrar a un empresario en Zapallal”, agrega.
Un colaborador eficaz ha señalado que a los tres policías les tendieron una celada. “Entre ellos había un infiltrado que era informante de la Digimin, que los centró en ese lugar para que los maten”, refiere una fuente a este Diario.
Ataucuri resalta que cuando llegaron, los tres policías les dispararon primero, y los agentes de la SUAT respondieron con fusiles.
El policía muestra la cicatriz del balazo que recibió en ese supuesto fuego cruzado, pero los familiares insisten en que el disparo provino de un fusil, es decir, que a uno de sus compañeros se le escapó el tiro.
Moreno recibió tres disparos a la altura de la oreja derecha y el antebrazo, Manrique murió por tres impactos en la nuca y Monggo fue abatido con seis balazos en el abdomen y otras partes del cuerpo. Este último llevaba puesto un chaleco de la Dirandro.
El informe de Inspectoría de la PNP especifica que en esa intervención “se vulneraron los procedimientos operativos” y no se contó con un plan de operaciones. Además, se contravino el manual de derechos humanos “al disparar en las partes vulnerables”.
El comandante Prado asegura que nunca ordenó el ataque. Manrique recalca: “Si mi hijo estaba en algo ilícito, debieron detenerlo in fraganti y llevarlo a la cárcel”.
La policía nunca informó sobre la intervención al Ministerio Público. El empresario que iba a ser secuestrado jamás apareció. Pero el general César Cortijo, entonces jefe de la Dirincri, salió ante las cámaras ese día a resaltar el trabajo policial.
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