El plazo para que las empresas de transporte regular se adecúen a la Ordenanza 1876 (publicada en febrero del 2015) venció ayer. Esta las obliga a formalizar a sus choferes y cobradores (planilla), a acreditar la propiedad de sus buses, a tener un patio de maniobras para el estacionamiento de los vehículos, a no registrar deudas por concepto de papeletas, entre otros.
Al comienzo del día, fuentes de la Municipalidad de Lima comunicaron que solo el 7% de las 399 rutas de transporte público que circulan por Lima se adecuaron a esta ordenanza. En la misma línea, desde la comuna declararon a este Diario que se iba a otorgar una prórroga para que las empresas cumplan con los requerimientos. Sin embargo, horas más tarde, a través de un comunicado, la Municipalidad declaró que son 268 las empresas que sí cumplen con los requisitos. En este documento no se hace referencia a la prórroga antes mencionada.
Las 29 empresas de transporte que han incumplido, han perdido su derecho a operar las rutas que administraban con permiso edil, según el comunicado.
“Las empresas que no se han adecuado a la normativa ya no podrán operar las rutas que administraban hasta el inicio de la licitación de las rutas de integración y aproximación”, se indica.
El documento no precisa si después de la licitación de las rutas de integración, las empresas que incumplieron con adecuar los requisitos podrán operar. Tampoco explica la relación entre la renovación de las rutas de transporte regular y la licitación de las rutas de integración.
Fuentes de la comuna limeña indicaron a este Diario que, con el fin de no afectar a los usuarios, se permitirá que las 138 empresas sigan circulando hasta que otra empresa, a través de un proceso de licitación, gane la adjudicación de la ruta. El Comercio solicitó a la comuna precisiones sobre estos nuevos procesos de adjudicación. Sin embargo, la Municipalidad de Lima no respondió.
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