La reducción de su aprobación –de 67% a 54%– no sería la única mala noticia en estos días para el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio. La fiscalía informó que lo investigará de manera preliminar por supuestamente haber impedido que se concrete el proyecto Río Verde, cuando aún no asumía funciones de alcalde.
Río Verde fue una iniciativa de Susana Villarán para que la compañía brasilera OAS construya un parque con 250.000 m2 de áreas verdes y que beneficiaría a los vecinos del Rímac. El proyecto se iba a realizar con un fideicomiso de US$74.5 millones de Lamsac– encargada de las obras en la Línea Amarilla– pero no se ejecutó.
Las confusas respuestas de @LuchoCastanedaL por conversaciones vía WhatsApp con OAS [#VIDEO] https://t.co/iV6jLSgOCw pic.twitter.com/GInCTLqAOJ— Sociedad El Comercio (@sociedad_ECpe) 4 de noviembre de 2016
El 19 de octubre, IDL Reporteros difundió mensajes de Whatsapp entre Giselle Zegarra–ex funcionaria de Castañeda en sus dos primeras gestiones– y José Pinheiro–ex presidente de OAS– en los que ella le pide que no firme el contrato de Río Verde, a pedido de Castañeda. El dinero al final fue usado para el by pass de la Av. 28 de Julio.
El fiscal César Zanabria, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, informó ayer a El Comercio que luego de analizar la denuncia que hizo la Procuraduría Anticorrupción contra Castañeda –por los delitos de colusión, negociación incompatible y asociación ilícita para delinquir–se dispuso abrirle una investigación preliminar. En los próximos días el alcalde sería citado para que brinde sus declaración a la fiscalía.
- Marcha por Lima -
Cientos de personas, entre universitarios, ciclistas y miembros de asociaciones vecinales, protestaron ayer contra la gestión de Luis Castañeda Lossio “por falta de transparencia y la poca planificación en las construcciones de los 'by-pass'”.
Castañeda siempre ha sostenido que los mensajes de WhatsApp no lo comprometen y que nunca favoreció a la empresa OAS.
Con el fideicomiso de US$74,5 millones también se iba a construir un programa de vivienda para las familias de la comunidad shipiba de Cantagallo.
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