Elizabeth Salazar @ElizabSalazar
Enrique Peramás no es un novato en la política. En 1989, apenas culminó la carrera de Derecho y con 23 años, fue elegido regidor por el Fredemo. Repitió el plato en el 2006 con Unidad Nacional y al acabar su gestión postuló a la alcaldía.
Trató de hacerlo con Solidaridad Nacional, pero ese año Luis Castañeda se lanzó a la presidencia y no colocó candidatos distritales. Esto originó pugnas en el partido y la migración de sus simpatizantes; entre ellos, Peramás, quien se refugió en Somos Perú y obtuvo la alcaldía.
Hace unas semanas el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo salvó de ser tachado por no incluir en su hoja de vida que fue sentenciado en el 2002 a tres años de cárcel suspendida por peculado. El JNE consideró que al cumplir la pena todo queda olvidado, pero sus electores deberían saber por qué lo condenaron: En su primera gestión como regidor, él y sus colegas aprobaron acuerdos de concejo para cobrar extra por movilidad, refrigerio y seguridad. Esto le hizo perder al municipio S/.153.183.
DENUNCIAS Y SENTENCIA
Tiene ocho denuncias vigentes en el Ministerio Público por abuso de autoridad y apropiación ilícita, y durante su gestión se procesó a sus funcionarios por al menos tres denuncias de cobro de cupos.
La más conocida se sustenta en un audio que difundió “Punto final” en el 2012, donde el entonces director municipal, Alí Munive, pide US$7 mil al dueño de Z-Buss, Roberto Zevallos, para no cancelar su licencia. El año pasado la Corte Superior confirmó que hubo tráfico de influencias y los sentenció a ambos, pese a que Zevallos fue quien grabó a Munive. Peramás, en cambio, fue excluido del caso.
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El ex director municipal del Rímac fue condenado por tráfico de influencias.
También encontramos la denuncia de Juan Sánchez, empresario a quien no le dejaron tramitar los permisos para un evento folclórico. Lejos de asistirlo, el procurador del Rímac y tres subgerentes lo retuvieron, grabaron e interrogaron para saber si algún regidor de oposición estaba apoyando su reclamo. Sánchez los enjuició, pero la fiscalía los exculpó.
Lo mismo ocurrió con la demanda 019-2013 contra Peramás y el subgerente de recaudación tributaria, Ismael Iriarte, acusados de pedir cupos a dos vecinas que querían tramitar permisos para eventos no deportivos. El municipio cesó a Iriarte, pero el Ministerio Público no los sancionó.
AUTO ENTREVISTA
Este Diario se contactó con la Gerencia de Imagen de la Municipalidad del Rímac para entrevistar a Enrique Peramás, por la cuenta bancaría que tendría en el Loyal Bank con sede en San Vicente y Budapest, paraísos fiscales.
La solicitud fue mediante Miguel Asencio, miembro del equipo de prensa, quien se comprometió a tramitar nuestro pedido; luego recibimos la llamada de Fiorella Páucar, la que se identificó como su asistente y dijo que el alcalde ya sabía de nuestra solicitud.
El viernes en la tarde el gerente de imagen de la municipalidad, Jorge Reyes, trató de negar el rol de Asencio en el municipio. Sin embargo, luego admitió que Peramás ya había sido informado, “solo que está ocupado por ser su último día en el cargo antes de pedir licencia”, dijo. Luego vinieron 18 llamadas a las personas mencionadas antes que Reyes contestara y nos pidiera esperar hasta el “sábado a primera hora” para que el alcalde diera su versión. El tema, le dijimos, era la gestión, patrimonio y finanzas del alcalde.
Lo que recibimos el sábado, en la tarde, fue un correo de la Gerencia de Imagen donde se plantean preguntas que suponían ellos íbamos a hacer, y se responden a sí mismos. “Esperamos que lo explicado en esta nota informativa sea de su satisfacción, reiterándole que nuestra corporación esta siempre dispuesta en razón de la transparencia a dar la información requerida”, concluyen en el correo. Peramás no declaró.