“Vamos a iniciar las investigaciones pertinentes”. Esta es quizá la frase que más veces se repite cada vez que ocurre un incendio. Sin embargo, con el paso de los días, la atención vira hacia otros hechos y los siniestros, muchos de ellos con pérdidas de vidas, se convierten en una estadística más. Sus causas nunca se llegan a saber.
La Policía Nacional informó que de los diez mil incendios ocurridos en el Perú, entre enero y octubre de este año, se ha establecido que 281 fueron provocados, es decir, no fueron accidentales. Pero a la fecha solo se han denunciado 44 ante la fiscalía porque hubo responsabilidad penal de los responsables.
En estos casos, el Ministerio Público denuncia a los implicados. Según el Código Penal, “el que crea un peligro común a las personas o los bienes mediante incendio o explosión será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de diez años”. De acuerdo con la Dirección de Seguridad del Estado, la mayoría de incendios que suceden en Lima donde mueren personas genera denuncias por homicidio culposo, es decir cuando no hubo una intención de dolo, cuya pena es de cuatro años de prisión. En el 2015, la policía investigó 591 incendios y solo se denunciaron 75 casos en el Ministerio Público.
Sobre los últimos incendios como el de Cantagallo y el del almacén del Ministerio de Salud, en El Agustino, la policía informó que continúan las indagaciones.
“Estamos trabajando para concluir en las causas. En el caso del almacén de Salud, las indagaciones están a un 70%. Siempre tenemos 30 días para indagar, pero casi siempre pedimos ampliación al Ministerio Público, que dirige la investigación”, sostuvo el superior Hernán Egúsquiza, quien trabaja en la Dirección de Seguridad del Estado indagando los orígenes de los incendios que suceden en el país.
—Dificultades—
Una de las trabas que se presentan en Seguridad del Estado cada vez que se investiga un incendio, como el ocurrido en una de las salas de cine UVK, en Larcomar, es la falta de interés y colaboración de las personas afectadas u otras involucradas con la policía para que se establezcan las causas del siniestro.
“La institución cita a las víctimas y a los supuestos responsables, pero hay demasiada reticencia a colaborar. No acuden a las citaciones y eso genera que se retrasen las investigaciones. En algunos casos nos dicen: ‘Hemos perdido todo y lo menos que queremos es hablar con la policía’”, sostuvo Egúsquiza.
El superior indicó que “hay demasiado desconocimiento de la población sobre la labor policial en estos asuntos”.
Todos los incendios, así como explosiones y otros siniestros son investigados por la Dirección de Seguridad del Estado en coordinación con el Ministerio Público. Otras trabas son la falta de policías y peritos en la Dirección de Criminalística, adonde son enviadas todas las evidencias de los incendios para que sean analizadas. Luego se emite un informe policial y el Ministerio Público denuncia a los presuntos responsables. Egúsquiza no precisó cuántas investigaciones han culminado sobre los incendios registrados en lo que va del año.
—El aire en Miraflores—
Los niveles de dióxido de azufre (SO2) reportados en la zona del incendio de Larcomar no representan riesgo para la salud, según la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) del Ministerio de Salud.
En tanto, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó que indaga posibles fallas del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, durante el incendio en las salas de cine de la cadena UVK de Larcomar, que ocasionó la muerte de cuatro empleados.
Este sistema tiene como objetivo la identificación de riesgos, su prevención o medidas de control para evitar la ocurrencia de sucesos que pongan en peligro la integridad de trabajadores y empleadores.
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