Luego de que la Municipalidad de Lima anunciara el retiro de dos consorcios que operaban en los corredores de Tacna-Garcilaso-Arequipa y Javier Prado-La Marina-Faucett, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aclaró que no es de su competencia declarar nulos dichos contratos.
A través de un comunicado, el MEF explicó que luego de haber sometido a revisión los contratos de concesión de los Corredores Complementarios se emitió opinión favorable a 18 de ellos.
Sin embargo, otros 6 contratos no recibieron la opinión favorable debido a que no subsanaron la observaciones emitidas en enero de este año o remitieron las adendas fuera de plazo.
Dichas observaciones, precisa el MEF, fueron por el uso de recursos públicos y de contingencias fiscales “en desmedro de la comuna limeña, y de manera incompatible con concesiones otorgadas bajo modalidad autosostenible”. Por ejemplo, señalan la falta de establecimiento de inicio de etapa de operación, la no identificación de la fuente de ingresos del proyecto (tarifa al usuario) a pesar de establecerse el pago al concesionario, pagos de la MML al concesionario al concluir el plazo de la concesión, entre otros.
Por esta razón el MEF solicitó a los concesionarios hacer subsanaciones y remitir las adendas dentro del plazo legal.
No obstante, dicha cartera del Ejecutivo aclaró que la anulación de los contratos fue realizada por la Municipalidad de Lima pues la opinión que emiten “no tiene por objeto evaluar la reforma de transporte ni la viabilidad legal de ésta”, aspectos de exclusiva competencia de la comuna metropolitana.
“No es función del MEF declarar la nulidad, dado que su competencia es efectuar un análisis sobre la estructura económico-financiera y la asignación de riesgos”, puntualizaron.
CONSORCIO RETIRADO EVALÚA ACCIONES LEGALES Uno de los consorcios cuyo contrato fue anulado es EcoExpress Javier Prado. Su gerente general, Emilio Cillóniz, aseguró que se reunirán con sus abogados para ver las acciones legales a tomarán debido a que consideran como inconstitucional la anulación del contrato aprobado en el 2013.
“Nosotros no nos hemos sometido a la opinión del MEF porque es inconstitucional. Aplicar retroactivamente una ley es inconstitucional. Nuestros contratos fueron adjudicados en un momento en el que no existía esa obligación y por ende no se nos puede exigir”, declaró a Perú 21.
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