RENÉ ZUBIETA @renezp
El Ministerio del Interior (Mininter) y la Municipalidad de Lima continúan con las coordinaciones para bloquear los accesos a La Parada, operación que sería inminente de acuerdo a declaraciones de autoridades de ambos sectores.
“…La policía prestará su colaboración y estamos coordinando para llevar adelante las acciones pertinentes“, dijo hoy el titular del Mininter, Walter Albán. Días atrás, la alcaldesa capitalina, Susana Villarán, manifestó que la operación “ya está lista”. La intervención podría darse en cualquier momento.
La medida se da en el marco del Decreto de Alcaldía N°012 de la Municipalidad de Lima, que estableció como zona rígida e incompatible con el transporte y la comercialización de alimentos al ex mercado mayorista. Asimismo, la norma de noviembre del 2012 dispuso que solo pueden transitar vehículos de carga ligera con autorización municipal.
Sin embargo, los comerciantes del centro de abastos de La Victoria aducen que el decreto de es por el momento un tema judicializado y esperan que el Tribunal Constitucional resuelva un habeas corpus presentado por su dirigencia para “la restitución” sus “derechos”. ¿Pueden entonces intervenir las autoridades?
“En primera y segunda instancia, la sala revocó la medida cautelar (que buscaba impedir que se mantenga el bloqueo) y los comerciantes se fueron vía un recurso extraordinario al Tribunal Constitucional. Está judicializado el tema y, en consecuencia, no podrían hacer nada”, comentó a El Comercio el especialista en temas municipales, Julio César Castiglioni.
El abogado detalló que el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 410 del Código Penal establecen justamente que no se puede intervenir en temas pendientes en el Poder Judicial.
“NOS VAMOS A QUEDAR ADENTRO”“Es su obligación esperar […] Se debe respetar la autonomía del Poder Judicial”, porque si las autoridades intervienen estarían invadiendo el fuero judicial, insistió en diálogo con este medio la dirigente de los comerciantes, Ida Ávila.
Ella aseguró que Ramón Huapaya Raigada, secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) le envió el 10 de enero el oficio N° 086-2014, en donde se apunta que el Poder Ejecutivo “es respetuoso de las decisiones tomadas en el seno del Poder Judicial”. “Con eso, nosotros estamos entendiendo que ellos van a respetar el tema judicial”, sostuvo Ávila.
También dijo haber recibido el 17 de diciembre una carta de comerciantes del rubro de papas del Mercado de Santa Anita, quienes niegan que el cierre de La Parada sea un clamor de ellos, pues si el otrora mercado mayorista subsiste es “por los errores de la gestión de Emmsa y sus delegados de Santa Anita”.
¿Pero qué pasa si efectivamente la policía interviene? “Nosotros nos vamos a quedar adentro, esperaremos a la fiscalía que haga un informe e inmediatamente yo estaría viajando a la Corte Interamericana (de Derechos Humanos) a denunciar los hechos”, respondió Ida Ávila asegurando que no tendrían reacciones violentas.
En octubre pasado, el procurador de Lima, Antonio Salazar, aclaró que el fallo de la Cuarta Sala Penal (que dejó sin efecto el hábeas corpus del destituido juez Malzón Urbina) “declaró la plena vigencia de todas las normas administrativas emitidas por la municipalidad”. Para él, ello significa que rige el Decreto de Alcaldía N° 012. Ayer, en una radio local, sostuvo que no existe resolución judicial alguna a favor de los comerciantes.
De acuerdo a información de Castiglioni, quien ha sido consultado por comerciantes de Santa Anita, varios de estos (del rubro de papas) no estarían vendiendo lo suficiente e incluso estarían botando su mercadería.
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