El descuartizamiento de Lima es un bocado demasiado tentador para los amantes del populismo barato. Hace cuatro años, en los estertores de su segundo gobierno, Alan García propuso convertir San Juan de Lurigancho en una provincia ‘especial’, en un burdo intento de seducir a los 600 mil electores del distrito más grande del país a pocos días de las elecciones generales. Tamaño despropósito, que ya tenía proyecto de ley oleado y sacramentado, afortunadamente quedó solo en intención.
Hoy, a pocos días de haber cumplido cien días en el poder, el alcalde Juan Navarro ha desempolvado la propuesta. En una entrevista concedida a este Diario, ha dicho que es una de sus prioridades y para evitar el despropósito legal de antaño –¿alguien puede definir qué es una provincia ‘especial’?–, ha lanzado una propuesta más audaz: quiere que, como el Callao, San Juan de Lurigancho sea una provincia constitucional.
La idea, por supuesto, le permitirá subir unos puntos de aprobación entre sus vecinos y, de paso, tendrá un efecto anestésico frente a reclamos por lo verdaderamente importante en su distrito (agua, luz, desagüe, seguridad, pistas, veredas y un larguísimo etcétera más). Su antecesor, el inefable Carlitos Burgos, intentó hacer lo mismo, incluso con elementos de su cosecha, como la incorporación de un helicóptero para combatir la delincuencia. Para su desgracia, fueron tantas las acusaciones de corrupción en su contra y los escándalos que lo tuvieron como protagonista, que ni eso le sirvió para reelegirse.
¿Por qué no es bueno que San Juan de Lurigancho se maneje por su propia cuenta? Fundamentalmente, porque sería arrancar un brazo a Lima y cualquier intento de promover su desarrollo ordenado se iría de bruces. Sería un nuevo detonador del caos. Veamos un ejemplo: Imagine que el alcalde Castañeda se decide e intenta realizar una verdadera reforma del transporte. ¿Cómo podría reordenar las rutas si aquicito nomás, al pie del cerro San Cristóbal, tendría que lidiar con una autoridad de su mismo peso? No olviden que gran parte del desorden de Lima se debe a que las coasters de Orión obtuvieron su autorización en el Callao.
Como en toda reforma, varios cientos de buses y combis tendrían que salir de circulación. ¿A dónde irían sus dueños en busca de cobijo? ¿Acaso San Juan de Lurigancho no podría convertirse en proveedora de autorizaciones como antaño lo hiciera Huarochirí?
Existe, por lo demás, una continuidad territorial que se quebraría si la escisión se concreta. A los problemas de planeamiento, se sumarían otros de tipo organizacional y presupuestal.
Con 43 distritos, Lima ya es una ciudad inmanejable, repleta de inequidades, donde San Isidro puede tener 244 policías y Santa Anita apenas 74. En lugar de pensar en crear pequeños feudos en la ciudad –finalmente es lo que en realidad son– algunos distritos deberían fusionarse o crear una suerte de ‘mancomunidades distritales’ que permitan fortalecer su organización y tener un manejo más eficiente de los pocos recursos con que cuentan.
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