Abuso a menores: Gobierno busca reabrir debate sobre castración química

Luego del secuestro y violación de una niña de 3 años en Chiclayo, hecho que ha generado el repudio total del país, el Ejecutivo informó ayer que impulsará la castración química para violadores de menores y mujeres. Ya sea como medida preventiva o como castigo para quienes cometan este delito.

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“Este hecho atroz e inhumano nos lleva a una enorme reflexión como país para adoptar políticas públicas de Estado más severas que salvaguarden los derechos humanos de los más indefensos que son nuestros niños y niñas, y la castración química es una opción, no podemos esperar más”, manifestó la Presidencia de la República en un comunicado.

El ministro de Justicia, Félix Chero, aseguró que el proyecto de ley que propone la castración química para violadores de niños, adolescentes y mujeres se encuentra “listo” y será discutido mañana durante el Consejo de Ministros. “Debemos estar aprobándolo el miércoles y luego será enviado al Poder Legislativo para su discusión”, manifestó.

Una medida de esta naturaleza debería estar incluida en el Código Penal y para ello se necesitaría el debate y aprobación del Congreso de la República.

Sin embargo, esta no es propuesta nueva. En junio del 2018, el Congreso eliminó la castración química para condenados por violaciones a menores de 14 años. Casi seis semanas antes de esto, el pleno del mismo Parlamento había aprobado la medida, pero finalmente la anuló a cambio de incrementar la pena hasta la cadena perpetua por ese delito, además de convertirlo en imprenoscriptible.

El proyecto había sido presentado por el entonces parlamentario de Acción Popular Yohny Lescano. Proponía que la castración química fuera una medida complementaria a la prisión cuando el juez lo considerara.

Según aquel proyecto desestimado, la castración química comprende la “aplicación de inhibidores del deseo sexual mediante productos químicos, con el objetivo de que disminuyan los niveles de testosterona, hormona del deseo sexual, en el cuerpo humano”.

Su eliminación se logró a pedido de los entonces congresistas Lourdes Alcorta (Fuerza Popular), Marisa Glave (Nuevo Perú) y Marco Arana (Frente Amplio).

Dudas al respecto

Según la Presidencia del Perú, solo Rusia, Estados Unidos (siete estados), Polonia, Corea del Sur, Indonesia y Moldavia aplican la castración química contra violadores.

Esta medida genera polémica desde el punto de vista legal, ético y sobre todo por su real efectividad, ya que no estaría demostrado que una persona sometida a este procedimiento reduzca completamente su impulso sexual o conducta agresiva.

Días atrás, la exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Gloria Montenegro declaró que ni la pena de muerte ni la castración química surten efecto para disuadir a los sujetos que terminan violando a niños, adolescentes o mujeres adultas.

“Ni la pena de muerte ni la castración han demostrado que los índices de violencia hayan disminuido donde estos son permitidos. Además, el Perú está sujeto al Pacto de San José, por lo que hay que respetar esta decisión”, señaló a RPP.

Sobre el punto de la pena de muerte para los violadores, algo que exigen las personas en las calles, durante manifestaciones en varias regiones, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, sostuvo que la salida del Perú de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José, provocaría una “implicancia jurídica muy grande” para el país.