ELIZABETH SALAZAR / @ElizabSalazar
Desde el año pasado, la planilla dorada que mantiene el rector Luis Cervantes Liñán en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV) es escudriñada por la fiscalía y el Congreso. Son 26 los docentes y administrativos investigados, pero uno de ellos merece mayor atención. Se trata de Óscar Romero Aquino, secretario general desde el 2004 y quien ostenta el sueldo más alto de la universidad, solo después de Cervantes.
Según la Ley 23733, el secretario general debe ser un profesor principal, electo por el Consejo Universitario de una terna propuesta por el rector. Romero, en cambio, fue traído de fuera y nombrado por Cervantes apenas asumió el rectorado.
El reglamento de la UIGV otorga a su cargo el grado de confianza, por eso Romero se mantiene inamovible. Su función es certificar los documentos oficiales, pero en la práctica es el principal asesor de Cervantes y la autoridad administrativa de la universidad. “Todo documento o acuerdo que sale del rectorado pasa por su visto bueno”, añade Lucas Lavado, ex gerente de la universidad.
SECRETARIO CON SUERTE
En su contrato de servicios archivado en el Ministerio de Trabajo, consta que la UIGV acordó con él un sueldo mensual de S/.10 mil y un bono de S/.5 mil, pero los reportes de la Sunat que revisamos indican lo contrario.
En sus primeros cuatro años de servicio, recibió de S/.10 mil a S/.65 mil adicionales al mes. En el 2009, tras la reelección de Cervantes, Romero dio el salto a millonario: empezó a ganar de S/.150 mil a S/.900 mil al mes.
Solo del 2010 al 2013, Romero facturó 20 millones de soles por sus servicios como secretario general. Hoy sus ingresos son mayores que los del vicerrector Jorge Lazo Manrique y que los de los hijos de Cervantes, quienes también laboran en la universidad. El área de prensa de la UIGV quedó en contactarnos con Romero. Eso no se realizó.
La modalidad usada fue la misma en todos los investigados: Cervantes hacía anotaciones a mano en las boletas de quienes quería beneficiar y se lo copiaba a Recursos Humanos para que lo formalizara. La fiscalía indica que los aumentos salían de los ingresos de la universidad y se camuflaron bajo el rubro de bonificaciones. Por eso los pagos no son constantes.
FAMILIA Y BIENES
Romero y su esposa, Gisella Narváez Gamarra, son dueños de una casa y una oficina en un exclusivo edificio de Surco, adquiridas por un valor de US$350 mil hace tres años, y de la empresa de asesoría legal Pracalti S.A.C. Todo ello consta en Registros Públicos. Pero su mayor inversión son los 33 vehículos que posee, entre ellos camionetas, tres autos Mercedes-Benz y 8 motos Harley-Davidson.
También tiene mucho que agradecer a la UIGV su hermana, María Romero Aquino, quien trabaja como asesora en su despacho. Ella firmó contrato por S/.9 mil cuando ingresó en el 2008, pero en realidad recibe boletas por S/.953.662 y S/.1’985.823 al año.
Por su parte, El Comercio obtuvo las conclusiones de la comisión de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) que fue formada por el área de coordinación interuniversitaria para investigar las irregularidades académicas y administrativas que se denunciaron en la U. Garcilaso. En el documento se concluye que se cometieron graves vulneraciones a las leyes universitarias.
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