El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció hoy que su país solo aplicará un fallo dictado en noviembre de 2012 por la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) ante una demanda de Nicaragua si se firma un tratado que proteja los derechos de los colombianos.
El fallo de la Corte Internacional de Justicia no es aplicable. No es y no será aplicable hasta tanto se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos, tratado que deberá ser aprobado de conformidad con lo señalado en nuestra Constitución, dijo Santos en una alocución por radio y televisión.
Santos presentó la estrategia que adoptará su gobierno tras recibir en las últimas semanas estudios encomendados a abogados colombianos y de otros países para encarar el fallo de la CIJ.
El mandatario explicó que la Constitución establece que los límites de Colombia solamente pueden ser modificados por el Congreso, por lo que no es aceptable el fallo de un organismo internacional.
Santos recordó que tan pronto la CIJ anunció el fallo, el 19 de noviembre de 2012, su gobierno inició las gestiones para el retiro de Colombia del Pacto de Bogotá, que reconoce la jurisdicción del tribunal de La Haya.
El jefe de Estado dijo que además de considerar inaplicable el fallo sin un tratado internacional, una segunda acción de su gobierno consiste en la expedición de un decreto que establece una Zona Contigua Integral que permitirá desenclavar cayos colombianos afectados por el fallo de la CIJ.
Nicaragua presentó en 2001 una demanda ante la CIJ tras desconocer el tratado Esguerra-Bárcenas, mediante el cual entregó a Colombia en 1928 la soberanía del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El tribunal ratificó la soberanía colombiana sobre las islas en 2007 y en su fallo de hace diez meses estableció que siete cayos del archipiélago seguirán bajo jurisdicción de Bogotá, aunque corrió hacia el este el punto que Colombia consideraba como límite y entregó a Nicaragua unas 200 millas náuticas.
Dos de esos cayos quedaron enclavados en aguas bajo soberanía de Nicaragua, según el fallo de la CIJ, lo que ha sido considerado desde entonces por el gobierno colombiano como una contradicción.
Según Santos, para evitar inconvenientes por esa situación, el decreto que expidió hoy evita el desconocimiento de esas normas del derecho internacional.
Tanto el derecho nacional como el derecho internacional les reconocen a todas nuestras islas unas áreas marítimas fundamentales: el mar territorial y la zona contigua. Esas áreas no pueden ser desconocidas, ni vamos a permitir que esto ocurra, dijo.
Declaramos la existencia de una Zona Contigua Integral, a través de la cual unimos las zonas contiguas de todas nuestras islas y cayos en el mar Caribe Occidental. En esta zona vamos a seguir ejerciendo plena jurisdicción y control, explicó Santos.
Asimismo, el mandatario afirmó que su gobierno acudirá a todos los medios jurídicos y diplomáticos para reafirmar la protección de la Reserva Seaflower de esa zona, considerada por la Unesco como reserva mundial de la biósfera.
Santos comentó que otra estrategia de su gobierno buscará contener el expansionismo de Nicaragua en el Caribe, tras afirmar que Bogotá sabe que ese país piensa pedir a la Corte Internacional de Justicia que le reconozca una plataforma continental extendida al oriente del archipiélago de San Andrés.
Esta pretensión buscaría privarnos de recursos que son nuestros y es tan absurda que extendería la jurisdicción de Nicaragua hasta un punto a tan sólo unas 100 millas de la costa de Cartagena de Indias, manifestó.
Santos dijo que Costa Rica, Panamá y Jamaica también se verían afectados por la pretensión de Nicaragua, por lo que suscribirá con los gobernantes de esos países una carta que será entregada al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en el marco de la Asamblea General que se cumplirá este mes en Nueva York.
El fallo de La Haya desconoce por completo los tratados de límites que tenemos vigentes con estos países, los cuales estamos obligados a cumplir, finalizó.