Si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declara el país en estado de emergencia nacional solo por cumplir con su capricho de levantar un muro en la frontera con México, probablemente haya comenzado a cavar su tumba.
La opinión pública sabe que el ingreso de indocumentados ha descendido progresivamente en los últimos veinte años y que la mayor parte de las drogas no transita por los pasos clandestinos, sino por las fronteras formales.
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En realidad, la pataleta de Trump –tras la decisión del Congreso de acordarle US$1.375 millones para más vallas y puestos de vigilancia en la frontera, en vez de los US$5.700 millones que exigía para construir su muro– responde a la presión de los miembros de la derecha antiinmigración, en el interior del Partido Republicano, que le reclaman cumplir su promesa de campaña, por más costosa e inútil que esta resulte.
El anuncio del acuerdo al que llegaron demócratas y republicanos para evitar un nuevo ‘shutdown’ del gobierno federal se dio el mismo día que concluía en Nueva York el llamado juicio del siglo contra el capo del cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, que seguramente será condenado a cadena perpetua por tráfico de drogas.Durante el proceso se presentaron ante el jurado más de 50 testigos, muchos de ellos colaboradores de ‘El Chapo’, que se han acogido a la delación premiada.
No pocas burlas ha suscitado en los medios que Trump pretenda que el muro sirva para detener el tráfico de drogas. A través de los relatos de los testigos, los ciudadanos han podido enterarse cómo se introduce la droga en su país. No los kilitos que pueden cargar inmigrantes clandestinos, sino las toneladas que se transportan en yates, lanchas, barcos de carga, trenes, submarinos y hasta buques petroleros. La distribución en el interior del país la realizan las ‘mulas’, que suelen ser residentes legales, extranjeros o no.
Hace unos años, el Instituto Internacional de Estocolmo para la Paz (Sipri) reveló que el 80% del tráfico de drogas se realiza en barcos cuyas empresas están establecidas en países de la UE o de la OTAN, que transportan anualmente unos 30 millones de contenedores. A falta de un sistema similar al del transporte aéreo, solo puede monitorearse el 2% de la mercancía.
Si la intención de Trump fuera realmente la lucha contra el narcotráfico, impulsaría políticas para la creación de normas y sistemas de control para las embarcaciones de todo calibre.