El depuesto presidente egipcio Mohamed Mursi, y otros 129 dirigentes y miembros de grupos islamistas serán procesados por fugarse de la cárcel, asaltar presidios e instituciones gubernamentales y asesinar policías durante la revolución del 2011.
Fuentes judiciales informaron a Efe de que la Fiscalía General ordenó hoy remitir el caso al Tribunal Penal de El Cairo, que deberá fijar una fecha para el inicio del juicio.
Esta es la tercera causa contra Mursi, destituido en un golpe militar el pasado 3 de julio, que ya está siendo juzgado por su supuesta implicación en la muerte de manifestantes frente al palacio presidencial de El Cairo en diciembre de 2012.
Entre los otros inculpados figuran el líder de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Badía, y otros dirigentes de la cofradía, así como miembros del movimiento palestino Hamás y del libanés chií Hizbulá de los que no han trascendido nombres.
LOS CARGOS CONTRA MURSI Mursi estuvo recluido en la cárcel Wadi Natrun durante la revolución que derrocó el régimen de Hosni Mubarak entre enero y febrero de 2011, pero logró escapar a los dos días de su detención gracias al caos que reinaba en los presidios.
Otros cargos que se imputan a Mursi son facilitar la huida de presos, agredir a funcionarios del presidio y perpetrar acciones enemigas que afectan a la seguridad de Egipto.
Según las investigaciones del juez Hasan Samir, Mursi y otros dirigentes de los Hermanos Musulmanes contactaron con miembros de Hamás y Hizbulá para cumplir un plan terrorista que alcanzó su cúspide durante la revolución de 2011.
En el marco de ese plan, entraron en Egipto más de 800 elementos extranjeros desde la franja palestina de Gaza, que atacaron a las fuerzas de seguridad en la península del Sinaí y luego se dirigieron a las cárceles de Wadi Natrun, Abu Zabal y Al Marg.
Estos grupos irrumpieron en los presidios y mataron a más de 50 policías y presos, según los detalles de la investigación difundidos por la agencia oficial Mena.
Liberaron, asimismo, a presos de los Hermanos Musulmanes, de Hamás y de Hizbulá, y a más de 20.000 reclusos comunes, secuestraron a tres oficiales de policía y a un suboficial, y saquearon las cárceles.
El juez Samir ordenó que continúen en prisión preventiva veinte de los acusados y dictó mandatos de arresto contra el resto, que se encuentran fugados.