Sídney (EFE)
El padre del bebe con síndrome de Down presuntamente abandonado en Tailandia fue condenado en 22 ocasiones por delitos relacionados con abuso a menores, muestran varios documentos de la justicia australiana filtrados hoy por la prensa local.
El australiano, de 56 años y que responde a las siglas de D.J.F., fue sentenciado en 1997 a tres años de prisión por molestar a dos niñas, de siete y diez años, a principio de la década de los 80.
Las víctimas, que fueron molestada cuando visitaban la casa del varón, lo denunciaron cuando eran adultas y lograron que el pederasta fuera condenado por 18 cargos.
Según la sentencia, a las víctimas les “robaron la infancia” y sufrieron problemas emocionales a raíz del incidente.
Un mes después de su entrada en prisión, fueron presentados nuevamente cargos contra el australiano por proposiciones indecentes a una menor de 13 años, realizadas a mediados de los 90.
El jurado lo encontró culpable de cuatro cargos y lo condenó a 18 meses de cárcel.
El escándalo comenzó cuando la tailandesa Pattaramon Chanbua, quien sirvió de vientre de alquiler para gestar los hijos de la pareja, acusó a los australianos de llevarse una niña sana y abandonar a su hermano gemelo, Gammy, nacido con Síndrome de Down.
La pareja, que vive en la localidad de Bunbury, en el sur de Perth, fue identificada por un amigo de la familia que pretendía respaldar la versión de estos y acusó a la madre tailandesa de estar “mintiendo al mundo”.
Los servicios sociales de Australia Occidental han tratado de visitar la casa de la pareja para comprobar los cuidados que recibe la niña recién adoptada y han abierto una investigación.
Pattaramon, que declaró que la pareja le ofreció 16.000 dólares australianos (14.898 dólares o 11.094 euros) por gestar un hijo para ellos, pidió la devolución de la niña tras conocer la condena contra el padre.
El caso ha creado una gran polémica en la sociedad australiana donde las autoridades han intensificado el cierre de agencias que se dedican a encontrarvientres de alquiler en Tailandia.
Las autoridades tailandesas han abierto una investigación sobre el uso de estas madres de alquiler, recurso que según la ley local solo está autorizado en el caso de que esta mujer sea familiar de los padres y prohíbe que la gestación se haga a cambio de dinero.
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