Bogotá [EFE]. Trabajadores, estudiantes, indígenas y activistas saldrán nuevamente este martes a las calles de Bogotá, Colombia, para realizar un cacerolazo en rechazo al asesinato de líderes sociales, los abusos de la fuerza pública y las políticas sociales del Gobierno, entre otras demandas.
La protesta de este 21 de enero, la primera del año después de las masivas manifestaciones de noviembre y diciembre contra las medidas sociales y económicas del Gobierno de Iván Duque, fue convocada en esta ocasión por el Comité Nacional de Paro bajo el lema “defensa de la vida”.
Asesinato de líderes sociales
El motivo central de la movilización, según sus convocantes, es el repunte de la violencia en varias regiones del país, donde en las tres semanas que van de año han sido asesinados alrededor de veinte líderes sociales, en promedio uno diario.
La situación llevó incluso a que el Consejo de Seguridad de la ONU expresara su “seria preocupación” y reclamara “acciones efectivas” para mejorar la seguridad en el país.
De acuerdo con los registros de la ONU, 107 activistas fueron asesinados el año pasado en Colombia, la mayoría en áreas rurales y casi todos ellos (98%) “en municipios con economías ilícitas donde operan grupos criminales o armados”, mientras varias decenas están amenazados.
A ello se sumó la denuncia del subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, sobre amenazas contra él, contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y contra políticos de izquierda como Gustavo Petro y el líder del partido FARC, Rodrigo Londoño, por parte del grupo criminal Águilas Negras.
“Amenazas contra la alcaldesa Claudia López y otros líderes sociales y políticos deben motivarnos a que el próximo 21E se constituya en una estruendosa expresión de rechazo a los asesinatos y toda forma de violencia. Millones de cacerolas sonarán por la vida y por la paz”, advirtió en Twitter Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Reclamos sociales y contra la fuerza pública
Al cacerolazo se unirán distintos sectores para recordar sus reclamos sociales y económicos, como el rechazo a la recién aprobada reforma tributaria, además de repudiar las interceptaciones ilegales del Ejército a políticos, magistrados y periodistas.
“Continuamos junto al pueblo contra la reforma tributaria y el ‘holding’ financiero, el alza de impuestos, de las tarifas de los servicios públicos, por el derecho a un medioambiente sano”, por los “recursos para atender la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico”, afirmó la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).
La movilización será también en rechazo al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), causante de la muerte del bachiller Dilan Cruz, de 18 años, quien falleció el pasado 25 de noviembre en Bogotá a raíz de las heridas sufridas en la cabeza por un proyectil disparado por un miembro de ese cuerpo policial.
En respuesta, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en el cargo desde el 1 de enero, presentó la semana pasada un nuevo protocolo de seguridad para las protestas, en el que reafirma que el Esmad será la última instancia en intervenir para evitar situaciones como la de Dilan Cruz.
“El Esmad no es regulador de movilizaciones ciudadanas, es un organismo de choque de última instancia, no de primera instancia”, ha defendido la alcaldesa al asegurar que de ahora en adelante ese cuerpo antidisturbios saldrá cuando haya protestas “sí y solo sí con la expresa autorización del alcalde”.
Primera del año
El cacerolazo, que está previsto para las 17:00 hora local, será la primera gran manifestación de 2020 para el Gobierno de Iván Duque, luego de las multitudinarias protestas de sectores sociales a finales del año pasado.
A esta jornada, para la que otros grupos han anunciado acciones como bloqueos en la capital, le seguirá un encuentro nacional de los sectores aglutinados en el Comité del Paro, el 30 y 31 de enero, en el que buscarán acordar la estrategia política y el plan de acción para este 2020.
El Comité Nacional del Paro reúne a trabajadores, estudiantes, asociaciones indígenas, pensionados, campesinos, ambientalistas, activistas de derechos humanos y víctimas de la violencia, entre otros.
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