Vianney Hernández recuerda lo impotente que se sintió ese día de diciembre de 2016 cuando una pandilla llegó para llevarse a su hija Ashly de 13 años.
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El líder de la pandilla, que tenía una relación con Ashly, amenazó con matar a la familia entera si no la dejaban que se fuera a vivir con él.
Ashly había conocido al chico en la escuela de un barrio pobre de Ciudad de Guatemala, donde vivían.
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“Era guapo, algo mayor que ella”, recuerda Hernández, añadiendo que su hija era rebelde y con un apetito de aventura.
Vianney estaba determinada a arrebatar a Ashly de las manos de la pandilla, y luego de que la policía la halló, decidió enviarla a un hogar estatal para niños en riesgo, para que estuviese lejos del chico y de su entorno.
Ashly ya había estado una vez ahí y su madre sabía bien que la descripción del juzgado de familia sobre las bondades del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado en San José Pinula, estaba muy lejos de la realidad.
Antes de que Ashly entrase al hogar, a Vianney le habían dicho que su hija tendría comida, ropa, educación y atención psicológica.
En cambio, “las monitoras mandaban a las internas que ya llevaban un tiempo allí a pegarle. Pero como ella no se dejaba, la castigaban”, dice Vianney, recordando lo que le contaba su hija.
El hogar estaba sobresaturado y sucio, y la comida a menudo estaba “en mal estado”.
Pero como era poco probable que la pandilla dejase en paz a Ashly, Vianney pensó que enviar su hija al Hogar Seguro Virgen de la Asunción sería el menor de dos males.
De lo contrario, “la descuartizan y la dejan en la puerta de mi casa”, dice Vianney sobre sus temores de ese momento.
Como Vianney, muchas familias enviaron a sus hijos al hogar con la mejor de las intenciones, sin tomar en cuenta las críticas que el lugar había recibido por parte de organizaciones en Guatemala y el extranjero, incluyendo Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Escape frustrado
Algunos padres sospechaban que algo andaba mal en el hogar pero no sabían el alcance total del abuso.
Mirsa, de 16 años, era una de las chicas que estaban demasiado asustadas como para hablar.
“Ella nunca me pudo decir nada de lo que sucedía allí”, recuerda su madre, Roxana.
“Una vez me dijo: ‘No voy a decir nada más porque me pegan, me cierran en un cuarto oscuro y no me dan comer’”.
Mirsa había sido enviada al hogar por un juez después de que ella escapase de la banda que había intentado reclutarla por la fuerza. El juez pensó que estaría más segura allí que en los barrios controlados por las pandillas de Ciudad de Guatemala.
Demasiado asustadas para contarles a sus padres las condiciones en el hogar, Mirsa, Ashley y otros más elaboraron un plan.
El 7 de marzo de 2017, estuvieron entre los alrededor de 100menores que escaparon del hogar.
Pero la policía no tardó en localizarlos y llevarlos de regreso a Virgen de la Asunción, donde 56 niñas fueron encerradas en un salón de clase diseñado para albergar a 26 personas.
Muerte y desolación
Una investigación posterior reveló que a las niñas ni siquiera se les permitió salir del salón para ir al baño. Si querían hacer sus necesidades, tenían que hacerlo en una esquina.
Por la mañana, le dieron el desayuno en el mismo salón sucio.
Desesperada por salir, una de las niñas encendió un fósforo. Las llamas se esparcieron rápidamente.
Las niñas golpearon la puerta presas del pánico. Pero esta permaneció cerrada por nueve minutos.
“Que se quemen esas hijas de la gran puta, a ver si como son buenas para fugarse son fibrudas para salir”, dijo la subinspectora de policía que tenía las llaves, según el testimonio de sus subordinadas.
41 niñas murieron. Otras 15 sufrieron heridas que le cambiaron la vida.
Roxana Tojil corrió al hospital.
Todas las niñas se veían iguales: vendadas, con la piel carbonizada, contó.
“Y gritaban (...) ‘Auxilio, auxilio. Vengan echarme agua’, decían. ‘Me estoy quemando’. Ya no tenían fuego pero ellas sentían que se estaban quemando”.
Eventualmente, Roxana encontró a Mirsa. Estaba en la morgue, muerta.
Ashly también estaba en la morgue, pero Vianney se rehusó a reconocer el cuerpo quemado de su hija.
“Yo no voy. Yo no voy a ver a mi hija como el Estado me la entregó”, recuerda Vianney. “Yo la voy a tener aquí en mi corazon como ella era de linda”.
En el funeral, Vianney abrazó el ataúd.
“Solo abracé la cajita y le prometí que voy a llegar hasta el final, si Dios me lo permitía y ella también, para buscar justicia, porque lo que le habían hecho, no se iba a quedar impune”.
Sin condenas
Doce funcionarios públicos están siendo juzgados y enfrentan cargos que van desde homicidio culposo hasta abuso de la autoridad. Pero las familias de las víctimas dicen que los procesos legales han sido lentos y frustrantes.
Las audiencias fueron suspendidas repetidamente incluso antes de que ocurriese la pandemia por covid.
El juez del caso le dijo a la BBC que las razones de las demoras eran variadas, incluyendo los recursos de apelación de ambas partes, la ausencia temporal de un abogado defensor y una sobrecarga de trabajo generalizada que hacía que, en ocasiones, las audiencias de diferentes casos se programaran a la misma hora, haciendo que el juez tuviese que cancelar una de ellas.
Vianney dice que está furiosa porque solo tres de los acusados están bajo prisión preventiva y los otros nueve disfrutan de las comodidades de sus hogares después de haber sido puestos bajo arresto domiciliario.
Mientras tanto, está tratando de encontrar un trabajo lo suficientemente flexible que le permita asistir a la corte.
Las audiencias han sido dolorosas para las madres, ya que la defensa ha tratado de culpar a las niñas de las muertes, argumentando que ellas iniciaron el incendio.
También las propias madres recibieron críticas en Guatemala por haber enviado a sus hijas a un hogar como ese.
Vianney quiere saber qué ocurrió exactamente en el hogar, no solo en el momento antes del incendio sino los años anteriores, después de que surgieran acusaciones de tráfico de personas.
Está luchando además para que se conserve la evidencia del incendio.
El 14 de junio, solicitó a un juez que se detuviera la reapertura del aula donde ocurrió el incendio, lo que habría comprometido cualquier evidencia dentro de ella.
“Las almas de nuestras hijas están allí todavía, exigiendo justicia”, dice con la voz quebrada.
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