Ciudad de Guatemala. El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, instruyó hoy a la Procuraduría y a la Cancillería iniciar las “denuncias y demandas” para que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la secretaría general de ONU “rindan cuentas” de sus actuaciones en el país.
En una comparecencia ante la prensa, Morales exigió que se proceda a “hacer denuncias ante autoridades nacionales” contra personas individuales y autoridades de la Cicig que hayan realizado “actos violatorios de las leyes como prevaricato, abuso de autoridad, actos en contra de constitución, ordenes ilegales y sedición”.
El Gobierno de Morales dio por terminado este lunes de forma “inmediata y definitiva” el acuerdo del Gobierno con Naciones Unidas para el establecimiento de Cicig por la supuesta “violación grave” de leyes nacionales e internacionales.
Según el presidente, ahora tanto el Gobierno como la ONU “quedan eximidos de continuar con el acuerdo”, y la decisión de terminar unilateralmente con la Cicig “no debe afectar la situación jurídica de los procesos abiertos” ni generar “repercusiones” para Guatemala.
Argumentó que parte de su decisión se debe a que desde agosto de 2017, cuando inició el proceso de solución de controversias con ONU, su Administración “ni siquiera” obtuvo respuesta “mínima” ante “las quejas”, como que la Cicig “ha intervenido la justicia negociando con criminales, secuestradores, asesinos, terroristas, como quedó demostrado”.
Acusó al comisionado de la Cicig, el abogado colombiano Iván Velásquez, de “seguir contribuyendo a una cultura de polarización”, mediante “medios de comunicación nacional e internacional” y de haber puesto “en riesgo” bienes “internacionales de Guatemala”.
Morales sostuvo que “no hay peor delincuente que el mercader de la justicia”, y aseveró que “la más grande impunidad en Guatemala será que el Ministerio Público (Fiscalía) no investigue a fondo” los casos por los que Cicig “extralimitó” sus funciones.
Describió que el pueblo guatemalteco “volvió a ser testigo de la violación del sistema de seguridad internacional del Aeropuerto La Aurora”, cuando arribó al país el investigador colombiano de la Cicig Yilen Osorio, a quien Migración mantuvo retenido más de 25 horas, hasta que la Fiscalía logró introducirlo a territorio nacional y procesó a dos trabajadores migratorios.
Morales, quien habló después de que la canciller Sandra Jovel se reuniera en Nueva York con el secretario general de ONU, António Guterres, se hizo rodear de familiares de procesados por la Cicig para explicar por qué tomó la decisión de dar por finalizado el acuerdo con Naciones Unidas para el establecimiento de la entidad.
Morales dio la palabra a algunos de los procesados e incluso condenados por investigaciones que realizó la entidad de la ONU y el Ministerio Público, como la familia Bitkov, condenada en diciembre por falsificación de documentos.
También invitó a su conferencia de prensa a familiares del ex ministro de Gobernación (Interior) Carlos Vielmann, quienes señalaron a la Cicig de haber “violentado sus derechos”, por procesarlo por un caso que “ya fue juzgado anteriormente”.
Además, se encontraban en el salón Banderas del Palacio Nacional guatemalteco los hermanos José Estuardo y Francisco José Ramón Valdés Paiz, quienes fueron liberados en mayo de 2017 del caso del homicidio en 2009 del abogado Rodrigo Rosenberg.
Los Bitkov aprovecharon para insistir que son víctimas de una persecución internacional del Gobierno ruso, el cual, según reiteraron, tiene “vínculos” con la Cicig, pese a que el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de EE.UU. no encontró tales.Fuente: EFE
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