El mexicano Edgar Tamayo fue ejecutado en Texas por el asesinato de un oficial de policía hace 20 años, a pesar de las súplicas y la presión diplomática del Gobierno Mexicano y del Departamento de Estado para detener la pena capital.
Tamayo recibió una inyección letal la noche del miércoles por los disparos que cegaron la vida del oficial Guy Gaddis en enero de 1994 y murió 17 minutos después.
Los tribunales rechazaron apelaciones de último momento, y los funcionarios de Texas desdeñaron los argumentos de que la detención y pena de muerte de Tamayo estaban viciados porque no le informaron, según indica un acuerdo internacional, que podía recibir asistencia jurídica de su país tras el arresto.
Los abogados también alegaron sin éxito que el mexicano no era mentalmente capaz y por lo tanto no era elegible para la pena de muerte, y que los procedimientos de clemencia del estado fueron injustos.
Intervención desde Washington
El secretario de Estado, John Kerry, había pedido al procurador general de Texas, Greg Abbott, que demorara la ejecución, diciendo que “podría afectar la manera como los ciudadanos norteamericanos son tratados en otros países”.
Pero el despacho de Abbott y la fiscalía de distrito del Condado Harris se opusieron a posponer lo que sería la primera ejecución este año en el estado con mayor cantidad de reos ejecutados: Texas ejecutó a 16 personas en el 2013.
El máximo tribunal consideró pero rechazó al menos dos apelaciones. Una se enfocaba en el asunto consular. La otra estaba relacionada con si Tamayo era mentalmente capaz y elegible para la pena de muerte.
Las abogadas de Tamayo, Sandra L. Babcock y Maurie Levin, emitieron un comunicado tras la decisión de la Corte Suprema.
“Hoy Texas una vez más ha demostrado su total desprecio por el imperio de la ley y los compromisos de los tratados de Estados Unidos. En su afán de ejecutar al señor Tamayo, el gobernador y el fiscal general intencionalmente hicieron caso omiso de las promesas que hicieron a los líderes de nuestra nación que de garantizarían una revisión de la violación de los derechos consulares del señor Tamayo”, dijeron.
Tamayo estaba entre más de 40 ciudadanos mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos cuando la Corte Internacional de Justicia de La Haya falló en el 2004 que no les habían informado debidamente de sus derechos consulares. La Corte Suprema indicó posteriormente que audiencias solicitadas por la Corte Internacional sobre los casos de esos reos solo eran obligatorias si el Congreso emitía una ley al respecto.
“Desafortunadamente, esa ley nunca se aprobó”, reconoció la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
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