Madrid, Reuters
El Congreso de España aprobó el jueves una ley que protege al rey Juan Carlos ante demandas de cortes civiles y criminales, incluyendo dos recursos por paternidad presentados en el 2012 y el 2013, después de que el monarca abdicara a inicios de este mes a favor de su hijo, Felipe VI.
La medida, aprobada gracias a la mayoría absoluta en el Congreso del gobernante Partido Popular (PP), busca evitar más daños a la magullada imagen de la monarquía española. Ningún otro partido estuvo a favor de la legislación.
Las dos demandas por paternidad fueron desestimadas debido a la inmunidad de Juan Carlos como monarca, pero una de ellas está bajo un proceso de apelación. Un ciudadano español, Alberto Sola Jiménez, y una belga, Ingrid Jeanne Satiau, afirman ser hijos del abdicado rey, según medios españoles.
De acuerdo a la legislación aprobada el jueves, Juan Carlos de Borbón solo podrá ser juzgado por el Tribunal Supremo en caso de ser imputado por algún delito civil o penal, en lugar de por las cortes ordinarias, un privilegio similar al de otros altos cargos del Estado.
Sin la ley, las demandas podrían haber sido procesadas en tribunales ordinarios.
La izquierda parlamentaria criticó los privilegios que supone la figura del fuero para un ciudadano que ya no ocupa ningún cargo oficial. También el grupo político UPyD mostró su oposición a extender esta figura porque “la ley no puede ser un traje a medida para cada ocasión y para cada persona”, señaló la diputada Irene Lozano.
Según la Constitución española, todos los actos realizados por el rey o la reina quedan amparados por la inviolabilidad y están exentos de responsabilidad, pero no había prevista ninguna ley para después de la abdicación de un monarca.
El Rey Felipe VI de España, de 46 años, fue proclamado la semana pasada en una sucesión vista ampliamente como un intento de la monarquía por recuperar el favor del público luego de una ola de escándalos.
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