El sábado 8 de febrero, la infanta Cristina de Borbón declarará como imputada ante el juez José Castro en Palma de Mallorca. Será la primera vez que un miembro de la familia real declare ante un juez. Se le acusa de evasión fiscal y blanqueo de capitales por su implicación en Nóos, entramado de sociedades lideradas por su esposo, Iñaki Urdangarín, que habría obtenido más de ocho millones de euros de forma ilegal.
Desde que fue imputada, Cristina ha dejado su residencia en Ginebra y ha regresado a España para preparar su defensa legal. Sus abogados, encabezados por Miquel Roca, uno de los autores de la Constitución Española, ensayan con ella las posibles preguntas del juez Castro, el fiscal Pedro Horrach y el abogado de la acusación popular del sindicato Manos Limpias. Repasan juntos los hechos, gastos, ingresos, declaraciones fiscales y facturas relacionados.
Ayer se supo que el juez dejó a criterio de la infanta si entra al juzgado en automóvil o a pie. La policía había solicitado que no sea obligada a entrar a pie argumentando motivos de seguridad, así que será ella quien decidirá si recorre la cuesta de 50 pasos que separan la calle más cercana de la entrada del juzgado, que además es peatonal.
Hace unos meses, su esposo sí caminó y tuvo que enfrentarse a la prensa y a cientos de personas que lo esperaban con pancartas de repudio y le endilgaron los más variados insultos.
Cabe recordar que ya hay varias protestas anunciadas. Por ejemplo, está prevista una concentración ante los juzgados promovida por la Federación Isleña de la Unidad Cívica por la República (UCR), que ya ha sido autorizada por las autoridades.
El gobierno la apoya
En un auto de 27 páginas emitido el mes pasado, el juez Castro consideró que la infanta no solo conocía las actividades de Nóos, sino que también fue partícipe de la trama de corrupción a través de Aizoon, una de las empresas del entramado.
La infanta, explica el documento, era copropietaria de Aizoon al 50% junto a Urdangarín y gastó 69.000 euros con tarjetas de crédito de la empresa para temas personales como cenas, clases de yoga, adornos florales, ropa, entre otros. También subarrendó a Aizoon parte de su propia casa, el famoso palacete de Pedralbes, y contrató como servicio doméstico a inmigrantes sin papeles.
Cristina decidió no recurrir el auto y pedir declarar lo antes posible. La fiscalía, que siempre ha tratado de protegerla, tampoco recurrió, pero presentó un escrito en el que criticaba duramente la instrucción del caso a cargo del juez Castro y lo acusó de actuar por motivos “conspiratorios”. El fiscal no tuvo reparos en señalar que para que los citados gastos se consideren delito el monto debería ser de al menos 120.000 euros.
En España, los fiscales dependen jerárquicamente del gobierno de turno. Por si quedaban dudas, la defensa que el Ejecutivo está haciendo de la infanta quedó ratificada la semana pasada cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó que estaba convencido de su inocencia.
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