Lisboa. El gobierno socialista de Portugal, que cumplió su promesa de poner fin a la austeridad y reducir el desempleo, se enfrenta sin embargo en diciembre a una ola de huelgas de funcionarios públicos.
Las huelgas de ferroviarios, enfermeras, jueces, bomberos o vigilantes de prisión son el reflejo de la frustración creciente con el gobierno, que tiene el apoyo en el parlamento de la izquierda radical.
En el poder desde 2015, el gobierno portugués consiguió sin embargo aprovechar el crecimiento económico para reducir el déficit y poner fin a los recortes, lo que le granjeó popularidad.
Incluso logró aprobar un presupuesto para 2019 que reduce un poco el impuesto sobre la renta, vuelve a activar las ascensos en la administración e incluye un aumento extraordinario a las pensiones más modestas.
A pesar de todo ello el clima con los funcionarios sigue siendo muy tenso.
En lo que va de año, las enfermeras suman nueve meses de huelgas parciales y una docena de días de paro completo. En diciembre, una huelga en los principales hospitales públicos del país obliga cada día a aplazar unas 500 operaciones quirúrgicas.
Los profesionales de sanidad piden en particular la subida de salarios y la aplicación generalizada del régimen de 35 horas de trabajo semanal.
Antes de que acabe el año, once sectores de la función pública también se verán afectados por unas cincuenta huelgas, frente a las 15 del año pasado en la misma época, según datos de la dirección general del empleo público.
“No es habitual asistir a una confluencia de tantos movimientos sociales que afecten a tantos oficios”, dice a la AFP Elisio Estanque, un sociólogo de la universidad de Coimbra.
Las huelgas generales y las grandes manifestaciones que marcaron la época del rescate financiero de Portugal (2011-2014) querían obligar al anterior gobierno de derecha a “reducir la brutalidad de las medidas” tomadas bajo la presión de los acreedores.
“Hoy globalmente la situación está pacificada pero hay distintas categorías de funcionarios que se movilizar siguiendo una lógica corporativista para reclamar que se ponga de nuevo en marcha el ascensor social”, añade Coimbra, especialista de los movimientos sociales.
La llegada al poder de los socialistas a finales de 2015 gracias a una alianza inédita entre la izquierda antiliberal “hizo aumentar las expectativas”, según el investigador, que apunta que “cada victoria de una categoría profesional suscita nuevas reivindicaciones de las demás”.
“El cambio de la correlación de fuerzas en el parlamento permitió llevar a cabo progresos importantes pero sigue la indignación”, apunta Joao Torres, miembro de la comisión ejecutiva de la CGTP, la primera confederación sindical portuguesa.
“Nunca habríamos avanzado tanto en el restablecimiento del poder adquisitivo si los socialistas hubieran estado solos en el poder”, apunta.
Aunque asegura estar abierto a la negociación, el gobierno no cede en el control presupuestario. “La sociedad portuguesa sigue enfrentada a un ejercicio de gran exigencia”, dijo el lunes el ministro de Finanzas Mario Centeno, que desde diciembre de 2017 también es presidente del Eurogrupo.
“La ilusión de que todo es posible ya no existe. Portugal no puede sacrificar todo lo que ha conquistado en términos de estabilidad financiera”, advertía hace un año el primer ministro Antonio Costa.
Costa hablaba entonces a un grupo de profesores pero quería sobre todo cerrar la puerta a nuevas reivindicaciones, en vano. Las protestas podrían al contrario ir en aumento a medida que se acercan las elecciones europeas de mayo y las legislativas de octubre.
“Los partidos más a la izquierda tienden a afirmar su independencia frente al partido socialista, endureciendo el discurso y las protestas sindicales”, explica el politólogo Antonio Costa Pinto, que asegura sin embargo que “se cuidarán mucho de provocar la inestabilidad del gobierno”.
Fuente: AFP
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