Madrid, EFE
Tras una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, el gobierno español aprobó esta mañana los recursos que presentará ante el Tribunal Constitucional contra la ley de consultas catalana y la convocatoria al referéndum del 9 de noviembre.
“Siempre dijimos que la consulta no se iba a celebrar porque atenta directamente contra la Constitución y contra los derechos de todos los españoles (...) es abiertamente contraria” a la Carta Magna, dijo el presidente Mariano Rajoy en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa.
El jefe de gobierno calificó la consulta, convocada el pasado sábado por el presidente catalán, Artur Mas, de profundamente antidemocrática, e insistió en que no se va a celebrar, algo que “(Mas) sabía desde el principio”.
“No hay nada ni nadie, ni poder ni institución alguna que pueda romper el principio de soberanía única e indivisible sobre la que se basa nuestra convivencia”. “Ni privar a todos los españoles del derecho a decidir lo que es su país”, agregó Rajoy.
El jefe del gobierno le ofreció un diálogo dentro de la ley al presidente catalán, Artur Mas, a quien recordó: “Aún estamos a tiempo de enderezar el rumbo”.
La consulta, reiteró, “va en contra de la ley, desborda la democracia, divide a los catalanes, los aleja de Europa y del resto de España y perjudica gravemente a su bienestar”.
El presidente se mostró dispuesto a reformar la Constitución, pero señaló que por ahora es prioritario defenderla y que se atienda y se cumpla lo que diga el Tribunal Constitucional.
EN LAS MANOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONALAnte los recursos presentados por Rajoy, el pleno del Tribunal debe reunirse esta tarde para decidir la admisión a trámite de los mismos, lo que supondrá la inmediata paralización de la Ley de consultas, aprobada el viernes por el Parlamento catalán como soporte legal al referéndum, así como del decreto de convocatoria para el 9 de noviembre firmado el sábado por Artur Mas.
Rajoy destacó que mientras él sea presidente, la ley se va a respetar en toda su integridad y dijo que “las leyes se pueden reformar pero por cauces democráticos”.
También insistió en que, con la actual Constitución, el gobierno regional de Cataluña, tiene las mayores competencias de su historia.
Lo que no debería hacer un gobernante responsable es buscar atajos o subterfugios para violentar la legalidad, añadió.
NO DEBERÍA PROCEDEREn un dictamen sobre la convocatoria a referéndum, el Consejo de Estado considera que la cita a las urnas vulnera la Constitución al otorgar a los ciudadanos de Cataluña la capacidad de decidir sobre una cuestión -la unidad de la nación española- que está reservada al conjunto español.
Este órgano consultivo, conformado por juristas de prestigio y personalidades con experiencia de gobierno, sostiene que hay motivos jurídicos suficientes para impugnar ante el Constitucional la consulta catalana.
La convocatoria de la consulta fue una promesa de Convergència i Unió (CiU), partido nacionalista que gobierna en Cataluña, durante las elecciones regionales de 2012, y cuenta con el apoyo de otros partidos independentistas y organizaciones sociales.