“Somos responsables de dar apoyo y acompañamiento a mujeres víctimas en cualquier delito y en cualquiera de sus modalidades, pero, en el caso de Evelyn Hernández, no hay elementos para considerarla víctima de ningún hecho, al contrario, la única víctima es su hijo”.
Así resume su postura en un comunicado la Fiscalía de El Salvador, que quiere juzgar por tercera vez a Evelyn Hernández, la mujer de 21 años que fue absuelta en agosto de este año del delito de haber asesinado a su hijo recién nacido.
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El caso ha traspasado las fronteras del país centroamericano, considerado uno de los Estados con las leyes antiaborto más estrictas del mundo, y ha acaparado la atención internacional.
La defensa de Hernández dice que la joven, de entonces 18 años, fue violada por un pandillero y que no sabía que estaba embarazada. En abril de 2016, se sintió mal y acudió a una letrina, donde perdió el conocimiento.
Su madre la llevó a un centro hospitalario, donde los médicos le informaron que había dado a luz. El cadáver del bebé fue encontrado en la fosa séptica.
La defensa asegura que nació sin vida, pero la Fiscalía afirma que falleció por inhalar heces y culpa a Hernández de la muerte.
En un principio, la mujer, que ahora tiene 21 años, había sido condenada a 30 años de cárcel en 2016 y llegó a pasar 33 meses en prisión. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia y ordenó realizar un nuevo juicio que acabó librándola de culpa.
Precedente
El caso de Hernández es el primero de su tipo en el país centroamericano en el que se ordenó realizar un nuevo juicio, por lo que los activistas por los derechos de las mujeres esperaban que estableciera un precedente para otras mujeres encarceladas por las leyes antiaborto.
La Fiscalía, sin embargo, parece no estar dispuesta a permitirlo. El viernes presentó un recurso de apelación para exigir que un “tribunal superior” examine la prueba “sobreabundante y unívoca acerca de la responsabilidad penal de la demandada en el homicidio de su hijo”, según publicó esta institución en su cuenta de Twitter.
La Fiscalía asegura que Hernández sí sabía que estaba embarazada y que lo puede demostrar con el testimonio de una promotora de salud que la había visitado con anterioridad.
Además, afirma que, al momento de entrar en el hospital la joven admitió su embarazo, pero dijo tener miedo de que sus padres se enteraran. Acusaciones que la defensa rechaza.
La Fiscalía también insiste en que no hay elementos legales para considerar a Hernández víctima de ningún delito, ya que asegura que no denunció la violación.
La decisión de la Fiscalía indignó a activistas internacionales. Aunque, la defensa no se mostró sorprendida.
“Era previsible que esto pasara por la forma en la que la Fiscalía se comportó durante el juicio”, le dijo a la agencia EFE Elizabeth Deras, miembro del equipo legal que representa a la joven.
“Vergüenza de que insistan en perseguir penalmente a una mujer, sin pruebas de que cometió delito”, escribió en Twitter otra de las abogadas de Hernández, Bertha María Deleón.
“Es espantoso que, a pesar de un fallo que confirmó la inocencia de Evelyn, el Estado siga intentando criminalizarla por sufrir una emergencia obstétrica. La Fiscalía debe desistir inmediatamente de esta vergonzosa acción y asegurar que ni Evelyn ni ninguna otra mujer sea privada de su libertad por motivos discriminatorios”, dijo en un comunicado Astrid Valencia, investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional.
Según explicó Deras, su equipo cuenta con cinco días para exponer sus argumentos.
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