Toldos de lona sostenidos por palos y varas ocupan una plaza pública en la ciudad de Montería, en el norte de Colombia. Bajo ellos vive desde mediados de abril una comunidad de indígenas emberá.
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Huyeron de la violencia que se desató entre grupos armados rivales en la zona rural que habitaban, a muchas horas de camino, a orillas del río Sinú.
Una mujer emberá descalza dijo que deseaba regresar, pero teme por su vida y la de su familia.
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“Estamos aquí por seria necesidad”, dice Margarita Pernía, de 42 años, sentada al lado de sus tres hijas adolescentes, vestidas con ropas autóctonas y con las caras tradicionalmente pintadas.
“Tienen armas. Después de las seis de la tarde no podíamos salir, porque aunque estábamos en nuestras tierras, ellos lo prohibían”, cuenta Pernía. “Vivíamos aterrorizados”.
Pernía explica que tuvieron que huir porque varios grupos armados empezaron a tomar el control de las tierras en su reserva indígena, aunque no es capaz de identificar exactamente quiénes eran.
En Montería, los miembros de la comunidad emberá duermen en el piso, sobre delgados colchones de espuma y se lavan en un río cercano, que también utilizan como retrete.
“Aquí tenemos que aguantarnos los mosquitos y el hambre. Nuestros niños se han enfermado y algunos han muerto”, señala Favio Bailarín, de 52 años, portavoz del pueblo emberá y parte del grupo de 2.700 que huyeron.
Este es un pequeño ejemplo de los múltiples desplazamientos forzados que suceden todos los meses en Colombia.
Este 24 de noviembre se cumplen cinco años de la entrada en vigor del acuerdo de paz firmado por el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.
Pero para muchos en esa nación andina, la paz nunca llegó.
Otros grupos rebeldes o disidentes y nuevas organizaciones armadas ilegales que se dedican a la producción y tráfico de drogas y minería ilegal de oro han accedido a las áreas despejadas por los miembros de las FARC que se desmovilizaron y tomado su control.
Una abrumadora cantidad de estas actividades ilícitas ocurren en las tierras ancestrales de las comunidades afrocolombianas e indígenas.
La Defensoría del Pueblo de Colombia reportó un incremento de 213% en el número de familias desplazadas, de 1.682 en 2020 a 5.266 en 2021.
Durante la primera mitad de este año hubo 102 incidentes de desplazamiento masivo, en los que un total de 44.290 personas huyeron de la violencia hacia las zonas urbanas, más seguras.
“Para muchas comunidades de todo Colombia, la promesa de la paz ha resultado ser una desilusión devastadora”, expresó Juan Pappier, principal investigador de la ONG Human Rights Watch.
“Mientras que el proceso de paz trajo inicialmente algo de alivio, ahora la violencia en zonas remotas está aumentando y muchas regiones están en riesgo de volver a sufrir niveles de violencia como las de antes del proceso de paz”.
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Otro fenómeno que va en aumento es el confinamiento de comunidades por los grupos armados.
“Los grupos armados ilegales ejercen control sobre las poblaciones locales restringiéndoles su libertad de movimiento. Eso es un 'confinamiento' que implica la imposición de toques de queda, puestos de control y no permitir la entrada o salida de las personas de la comunidad ni dejar traer artículos de necesidad a la zona”.
Así lo explicó dijo Sánchez Garzoli, directora para la región de los Andes del centro de investigación Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA).
La región suroccidental del Pacífico, especialmente el departamento de Chocó, es la más afectada. Naciones Unidas indicó en un reciente informe que 96% de las personas “confinadas” este año pertenecen a grupos indígenas o afrocolombianos.
La mayoría no se atreven a hablar con las autoridades locales ni con defensores de los derechos o periodistas por miedo a las represalias.
Sánchez Garzoli dice que confinar a estas comunidades les da a los grupos armados ventaja militar frente a sus rivales y les garantiza que la población local se someta a sus demandas.
Los jóvenes y menores de edad continúan siendo reclutados en las filas de los grupos ilegales.
En un informe publicado en septiembre, la organización independiente de análisis humanitario ACAPS proyectó un aumento del reclutamiento forzado, la violencia de género, el desplazamiento masivo y las masacres en los próximos meses en los departamentos de la costa Pacífica de Colombia donde “por lo menos 10 grupos armados se disputan el territorio”.
De acuerdo al estudio, los enfrentamientos entre los grupos armados por el control territorial aumentó el número de confinamientos, desplazamientos masivos e individuales y homicidios en 2021, una tendencia que probablemente continuará.
Los departamentos del Pacíficos son claves para el cultivo de coca —el ingrediente básico de la cocaína— cuya producción también se encuentra a un nivel sin precedentes.
Los grupos armados también están volviendo a sembrar minas terrestres y otros artefactos explosivos para proteger sus campos de coca, que con frecuencia mutilan a civiles y fuerzas de seguridad.
Un portavoz del gobierno colombiano le dijo a la BBC que no podían dar una respuesta directa a las preguntas planteadas sobre el aumento de la violencia en el país.
Al otro lado de la plaza pública en Montería, Ireña Domico Charras, de 52 años, está sentada, sola.
Con cuidado y la ayuda de un alfiler enhebra pequeñas cuentas para hacer chaquiras que vende por la ciudad. Ella es la líder local de la comunidad emberá.
“Han matado a unos de nuestros líderes en Sinú. Yo he recibido amenazas de muerte y mi esposo también”, relata Domenico Charras, al tiempo que dice que su hermano fue asesinado por las FARC y que ella fue desplazada ya tres veces antes del acuerdo de paz“.
“Si uno no hace lo que le dicen, lo matan. Necesitamos que el gobierno garantice nuestra seguridad antes de que podamos regresar”.
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