El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, perdió martes una nueva batalla legal en sus esfuerzos por evitar ser destituido del cargo, luego de que el máximo tribunal de lo contencioso administrativo de Colombia -el Consejo de Estado- rechazara un recurso de apelación introducido por el burgomaestre.
La decisión del tribunal deja en firme una resolución emitida el 9 de diciembre pasado por la Procuraduría General de la República, la que además de ordenar la salida del cargo de Petro lo inhabilita para cargos públicos por un periodo de 15 años por supuestas ilegalidades en la reforma del sistema de recolección de basuras de la capital colombiana.
El alcalde, sin embargo, permanecerá en su puesto al menos hasta que el órgano rector del poder judicial en Colombia -el Consejo Superior de la Judicatura- no se pronuncie sobre el caso. Y numerosos expertos creen que la decisión final en realidad quedará en manos de la Corte Constitucional, el máximo tribunal del país.
Petro, un exguerrillero que se desmovilizó en la década de 1990 y es una de las principales figura de la izquierda colombiana, sostiene que la decisión de la Procuraduría responde a razones políticas y equivale a un golpe de Estado.
Y el futuro del alcalde de Bogotá todavía podría ser decidido en un referendo revocatorio convocado para próximo 6 de abril, si es que para entonces la batalla legal no ha terminado.
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