Buenos Aires. Marta Yáñez, jueza que investiga lo que le ocurrió al submarino ARA San Juan de la Armada Argentina, hallado hace dos días desmembrado en el fondo del Atlántico, advirtió que reflotarlo, como piden muchos familiares de los tripulantes, puede conllevar romperlo y perjudicar las pruebas.
“Hay riesgos que hay que medir para toda operación de esta naturaleza. No son cosas que se hagan todos los días”, expresó la magistrada del juzgado federal de la localidad sureña de Caleta Olivia, en declaraciones a radio Mitre.
Desde el momento en el que la Armada informó que la empresa estadounidense Ocean Infinity había localizado los restos del submarino a 907 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa, buena parte de los familiares de los 44 marineros que viajaban en su interior reclamaron sacar la nave para que se pueda estudiar qué le pasó y para dar sepultura a los cuerpos de sus seres queridos.
El ministro de Defensa, Oscar Aguad, ha reiterado en varias ocasiones que el Gobierno no tiene medios para sacar el buque del fondo del océano y supedita la decisión a un estudio para conocer si técnicamente podría hacerse y cuánto podría costar, ya que se estima una cifra multimillonaria.
“Con 67.000 fotos que sacó Ocean Infinity, que incluye registros fílmicos, vamos a poder recomponer el estado material en el que quedó la nave. Con ello vamos a tratar de poder llegar a la reconstitución en 3D de todo este panorama para poder efectuar pericias”, explicó Yáñez.
La magistrada remarcó que para reflotar el ARA San Juan “habría que hacer un estudio de factibilidad muy serio”.
Consultada por si se puede investigar las razones de la “implosión” que la Armada asegura sufrió el submarino, sin reflotarlo, la jueza dijo que es lo que se va a tratar de hacer.
“Esa es la idea. En la causa judicial tengo tres querellas que representan a los familiares y tengo al fiscal. En la medida que no concurra la imperiosa necesidad de pedir un reflotamiento, previo a ello vamos a hacer un estudio de factibilidad muy serio. Creo que las circunstancias lo ameritan”, subrayó.
“Esto conlleva analizar riesgos de lo que sería la operación, técnicamente hablando, y los costos que ello acarrearía”, sentenció, para agregar que esa cifra para ella “sigue siendo una incertidumbre”.
Después de que se perdiera la comunicación con el submarino, el 15 de noviembre de 2017, mientras viajaba desde el puerto austral de Ushuaia con destino a su base, en la bonaerense ciudad de Mar del Plata, se inició un intenso operativo de búsqueda, con ayuda de países como Estados Unidos o Rusia que no tuvo éxito.
La zona en la que se encontró la nave es donde en un primer momento se centró el rastreo, con base al punto donde el comandante se reportó por última vez y según la “anomalía hidroacústica”, “consistente con una explosión” que agencias internacionales habían detectado con sensores.
Sin embargo, se tardó un año en dar con los restos, ya con Ocean Infinity al cargo de la búsqueda, algo muy criticado por los familiares, y que el Gobierno explica en lo “difícil” que es encontrar un submarino militar de esta índole.
“Yo estoy investigando las causas de la perdida de contacto desde el día 21 o 22 en que se conoció el informe de la anomalía hidroacústica. Le pusimos averiguación de delito. Las fuerzas armadas tienen distintos estamentos y cargos jerarquicos y no me puedo acotar a la averiguación de un solo delito”, agregó este lunes Yáñez.
Fuente: EFE
Contenido Sugerido
Contenido GEC