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El juez federal Claudio Bonadio pidió hoy a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina las declaraciones juradas de la presidenta Cristina Fernández, el ex mandatario Néstor Kirchner, sus hijos, Máximo y Florencia, y del empresario Lázaro Báez, según confirmaron fuentes judiciales al diario La Nación.
El pedido del juez responde a la investigación de presuntas anomalías registrales y la falta de presentación de balances de la sociedad Hotesur, donde Cristina Fernández es accionista y que administra Alto Calafate, uno de sus hoteles.
Bonadio, además, investiga la hipótesis del lavado de dinero, dado que la firma acordó alquilar casi un millar de habitaciones al mes a Báez durante dos años, estén o no ocupadas.
Por orden del juez, efectivos de la policía metropolitana se presentaron esta mañana en la AFIP para requerir las declaraciones juradas de Fernández, sus hijos y Báez, según confirmaron fuentes de la fuerza a este medio. Asimismo, solicitó la información patrimonial de Néstor Kirchner entre los años 2008 y 2010, cuando falleció.
El juez federal ordenó el jueves pasado un allanamiento en la sede de Hotesur, propiedad de Fernández, por irregularidades administrativas. También dispuso un operativo en la Inspección General de Justicia (IGJ) para pedir los legajos originales de esa empresa.
La acción judicial sobre Hotesur respondió a una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer basada en una investigación del programa de televisión Periodismo para todos, que señaló irregularidades registrales en la firma presidencial.
Las medidas del magistrado generaron una dura reacción del Gobierno. En su reaparición en público tras tres semanas de reposo, Cristina Fernández advirtió que no se dejará “extorsionar por ningún carancho judicial” y acusó a Bonadio de ser propietario de una firma que también debe balances.
Además, el kirchnerismo embistió contra el juez en dos frentes: el oficialismo lo denunció hoy por mal desempeño en el Consejo de la Magistratura y el senador del Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes , impulsó ayer una investigación en los tribunales por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y abuso de autoridad.
Fuente: La Nación, Argentina/ GDA