Santiago. El gobierno de Chile respaldó al director general de Carabineros, Hermes Soto, después de que uno de los cuatro policías que se encuentran detenidos por la muerte del mapuche Camilo Catrillanca asegurara en un video que fueron obligados a mentir y dar manifestaciones judiciales falsas.
“Hay gente que nos hizo mentir, dimos declaraciones falsas y ahora somos los más malos y los más peligrosos para la ciudadanía”, indicó el sargento Carlos Alarcón, que según los antecedentes de la Fiscalía es el policía que disparó el proyectil que acabó con la vida de Camilo Catrillanca, el pasado 14 de noviembre.
La portavoz de Gobierno de Chile, Cecilia Pérez, dijo en conferencia de prensa que desde que Soto fue nombrado por el Gobierno, “ha dado cumplimiento al compromiso que la ciudadanía requiere en materia de orden público y de seguridad ciudadana”.
Pérez recalcó que “dicho eso, no está en cuestión la evaluación del general director de Carabineros”.
Además, señaló que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, le solicitó al general Soto durante la mañana de este lunes una investigación administrativa “de las condiciones en que cumplen su prisión preventiva los cuatro imputados, para que no pueda existir ninguna actuación o forma que ponga en riesgo la investigación”.
Uno de los cuatro carabineros de Chile imputados por el homicidio del comunero mapuche Camilo Catrillanca, grabó un video en el que asegura que fueron obligados a mentir y dar declaraciones judiciales falsas.
Alarcón se encuentra desde el viernes pasado en prisión preventiva en una comisaría de Temuco, en el sur de Chile, junto a otros tres agentes antidisturbios de Carabineros que participaron en el operativo en el que murió el joven mapuche de 24 años.
En el video, en el que Alarcón se dirige a sus compañeros del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros, sostuvo que “todavía falta que salgan cosas a la luz” relacionadas con la muerte de Catrillanca.
Los cuatro carabineros fueron formalizados el viernes pasado por los delitos de homicidio, homicidio frustrado, destrucción de evidencia y obstrucción a la Justicia, y la jueza de Garantía de la localidad de Collipulli, Sandra Nahuelcura, decretó prisión preventiva durante los dos meses que dure la investigación.
Los imputados aseguraron en un comienzo que dispararon para repeler un ataque a tiros y que ninguno de ellos llevaba una cámara de video para grabar el operativo, versión que fue desacreditada por el Gobierno y el fiscal que indaga el caso.
De hecho, uno de los imputados, el sargento Raúl Ávila, grabó el incidente, pero después borró las imágenes y destruyó la tarjeta de memoria de la cámara.
Alexander Schneider, el abogado de los cuatro ex funcionarios, renunció hoy a la defensa de los imputados después de enterarse del vídeo que se publicó en todas las redes sociales.
Fuente: EFE
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