¿Cuáles son los 5 países de América Latina más peligrosos para defender los Derechos Humanos?

Dedicarse a defender los Derechos Humanos es una labor de alto riesgo, sobre todo si se ejerce en América Latina, región que se ha convertido en la más peligrosa del mundo para denunciar la violación de alguna garantía fundamental o para reclamar su cumplimiento.

La denuncia la hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que contabilizó el asesinato de 147 activistas en 2021, según la información que figura en el informe anual ublicado la semana pasada.

MIRA: El país europeo que ha perdido un 10% de su población en 10 años (y cómo intenta revertir esta “catástrofe demográfica”)

Pero si 2021 no fue un buen año para los defensores de Derechos Humanos en la región, 2022 no luce mucho mejor.

La CIDH, en otro reporte preliminar, informó que solo en los primeros 4 meses del año en curso ha contabilizado la muerte de 89 activistas.

Con 145 defensores muertos, Colombia es el país más peligroso del continente para promover los derechos y las libertades fundamentales.

Las autoridades colombianas han reconocido la gravedad de la situación y este año le aseguraron a la Comisión que vienen tomado medidas para revertirla, entre ellas destacaron que actualmente tienen a 3.749 líderes sociales bajo resguardo.

“La situación es preocupante”, admitió también el comisionado Joel Hernández, relator para las Personas Defensoras de Derechos Humanos de la CIDH.

México, con 10 asesinados, ocupa el segundo lugar, de acuerdo con los datos de la CIDH. Líderes de comunidades indígenas y ambientalistas fueron las principales víctimas.

Por su parte, Perú con 5 fallecidos, Honduras con 4 y Guatemala con 2 se encuentran en el tercer, cuarto y quinto lugar; respectivamente.

La mayoría de los activistas asesinados ejercían la defensa de la tierra, el territorio y el ambiente o eran integrantes de comunidades indígeneas, denunció la CIDH, organismo, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Eso indica que no solamente están en riesgo aquellas personas que han decidido exponer públicamente los abusos y excesos cometidos por los cuerpos policiales y las fuerzas militares.

Por el contrario, cualquiera que haya decidido promover y proteger, de manera pacífica, la universalidad e indivisibilidad de los derechos de pueblos e individuos puede verse comprometido. Esto incluye a sindicalistas y a los periodistas también.

Los datos que maneja la Comisión también revelan además que las amenazas no se limitan a los activistas únicamente, sino que en algunos casos se extienden hasta su círculo familiar.

El caso del brasileño Jose Gomes es prueba de ello. El pasado 9 de enero Gomes fue asesinado, a tiros, junto a su esposa y su hija en la región de São Félix do Xingu, estado de Pará. La víctima se dedicaba a liberar crías de tortugas en la Amazonía, en un intento por repoblar esta especie.

Hasta ahora las autoridades policiales no han aportado mucha información sobre el asunto y solamente han dicho que están investigando el crimen.

Aunque el grueso de los fallecidos contabilizados por la CIDH son hombres, casos como el de la activista mexicana Gladys Aranza Ramos, integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien fue asesinada el 15 de julio de 2021, indican que las mujeres defensoras no están exentas de riesgos.

Las cifras de la Comisión son corroboradas por las que manejan otras organizaciones como la irlandesa Front Line Defenders, la cual se especializa en monitorear las condiciones en las que los defensores ejercen su labor alrededor del mundo.

En su informe correspondiente a 2021 Front Line Defenders denunció que de los 358 defensores de Derechos Humanos que fueron asesinados en el mundo, 252 eran latinoamericanos; es decir el 70%.

Las debilidades institucionales, especial la falta de independencia judicial, y la violencia criminal son, a juicio del comisionado Hernández, los motivos por los cuales América Latina se ha vuelto tan peligrosa para quienes deciden defender los derechos de otras personas, pero no son los únicos.

“En distintas partes de la región se están dando situaciones de conflictividad que hacen que los defensores se activen”, le explicó Hernández a BBC Mundo por videoconferencia.

“Por ejemplo, en aquellas zonas donde se están poniendo en marcha proyectos extractivistas, sin el debido consentimiento de las comunidades afectadas, los líderes se están movilizando o están surgiendo y eso los coloca en la mira de grupos de determinados grupos”.

“Esto explica por qué los defensores de los pueblos indígenas, de los campesinos y del medio ambiente están siendo las principales víctimas de atentados y ataques”, agregó el diplomático mexicano.

Pese a calificar de “difícil” la situación que enfrentan los defensores en la región, Hernández aseguró que en algunos países se están produciendo pasos en la dirección correcta.

Así mencionó el caso de Brasil, cuyas autoridades han puesto en marcha el Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos (PPDDH), en los estados de Bahía, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará y Río de Janeiro, el cual ampara actualmente a 600 activistas.

Honduras, entretanto, ha anunciado ha tomado medidas a favor de 116 defensores y 25 periodistas.

Sin embargo, el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y de Periodistas de México es el de mayor envergadura en el continente y tiene bajo su resguardo a 1.011 activistas y 495 comunicadores.

Por último, Perú anunció a mediados del año pasado la creación de un programa similar.

El comisionado demandó de las autoridades de los países de la región que creen las condiciones para que los activistas puedan realizar su labor de manera segura, que se abstengan de atacarlos y que castiguen cualquier ataque contra ellos.

“La impunidad es muy peligrosa, porque cuando no se castigan los crímenes se invita a su repetición”, dijo Hernández, quien destacó la importancia de contar con un Poder Judicial independiente.