Managua. Un grupo de manifestantes presos en el contexto de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua harán ayuno en prisión, durante Navidad y el último día del año, informó hoy uno de sus familiares.
“Me informó mi hijo que él y otros reos van a hacer ayuno el 24 y el 31 de diciembre, por todo lo que ha pasado este año en Nicaragua”, dijo el papá del reo Edwin Carcache, de nombre homónimo, en una declaración pública.
Nicaragua atraviesa su octavo mes en crisis, que ha dejado cientos de muertos, heridos y presos, así como decenas de miles de exiliados, en el contexto de las protestas contra el presidente Daniel Ortega.
Carcache anunció a su padre la decisión de los reclusos ayer lunes, durante una audiencia del juicio en su contra por “terrorismo” y otros delitos, que se realiza a puertas cerradas, a pesar de los reclamos de la defensa, que insiste en que la legislación de Nicaragua ordena audiencias públicas.
Este mismo lunes el abogado defensor de Carcache y otros cinco acusados, Julio Montenegro, fue impedido de ingresar a la sala de juicio por las autoridades del Complejo Judicial, mientras en el interior el juez Ernesto Rodríguez lo apartaba del proceso por “abandono de la defensa”, denunció la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
El juez Rodríguez también ordenó un defensor de oficio para Carcache y los demás acusados, pero estos se negaron al saber lo que ocurría en la sede del Complejo Judicial de Managua.
El líder estudiantil forma parte de una lista de al menos 674 manifestantes en prisión, que los organismos defensores de los derechos humanos consideran son “presos políticos”.
El Gobierno ha informado de 273 reos, que califica como “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes comunes”.
Los presos han denunciado que en las cárceles sufren torturas, malos tratos, aislamiento injustificado y atentados contra sus vidas por medio de la alimentación.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Organismos locales elevan el número de muerto hasta en 545, mientras el Gobierno reconoce 199.
Ortega rechaza todos los señalamientos y afirma que superó un intento de “golpe de Estado”.
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado, tras 11 años de gobierno continuo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia debido al saldo mortal en las protestas. Fuente: EFE
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