Petro presidente: 5 contrapesos que enfrenta el primer gobierno de izquierda en Colombia

Colombia vivió este domingo un día inédito: el exguerrillero Gustavo Petro Urrego se convirtió en el primer presidente de la izquierda en la historia del país.

Oriundo de Ciénaga de Oro, un pequeño municipio de Córdoba, en el norte del país, y líder de la coalición Pacto Histórico, Petro venció a su contrincante, Rodolfo Hernández, en una reñida elección presidencial.

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Aunque la victoria ocurrió en segunda vuelta con un estrecho porcentaje sobre Hernández (50,44% por 47,31%), Petro protagoniza un irrefutable hito político.

Además de ganar en su tercera campaña presidencial, es el primero de los ocho candidatos izquierdistas en la historia reciente de Colombia en lograrlo. Y vale señalar que tres de ellos fueron asesinados en sus intentos.

Y Petro triunfó con Francia Márquez, su fórmula a la vicepresidencia y la primera mujer negra elegida para el cargo en el país.

Como cualquier presidente de la nación tendrá limitaciones derivadas de la Constitución Política de Colombia y la estructura del Estado, pero también podría encontrarse con frenos que probablemente en su caso estarán más tensados por su pasado beligerante de izquierda radical y por algunas de sus propuestas, que han sido calificadas como audaces, populistas e irresponsables y generan nerviosismo en parte del país.

BBC Mundo conversó con varios analistas para saber cuáles son algunos contrapesos que pueden moderar la ambición de las reformas políticas y económicas que pretende Petro.

“Los contrapesos son bastantes”, le dice a BBC Mundo Sandra Botero, profesora de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, en Bogotá. “En términos institucionales están los que contempla nuestra Constitución, en particular el (contrapeso) que en Colombia funciona de forma más eficiente para controlar a los presidentes es la Corte Constitucional”.

“Petro entra con una Corte Constitucional que, a diferencia, por ejemplo, de la corte de Estados Unidos, el presidente colombiano no controla completamente. El presidente estadounidense nomina a todas las personas que están en la Corte, así pase por el control del Senado. Ese no es el caso en Colombia”, explica.

Efectivamente, durante su periodo, Petro podrá nominar a dos magistrados que completarán su periodo, de un total de nueve. Es decir, al menos siete de los togados serán completamente independientes del presidente electo.

La catedrática recuerda que, por ejemplo, Petro expresó durante la campaña presidencial su intención de declarar la emergencia económica que le conferiría poderes excepcionales, pero no podría declararla sin la aprobación de la Corte Constitucional.

“El diseño de nuestra Corte es algo chévere de nuestra Constitución. Es una garantía, juega un rol súper importante en mantener el control frente al Ejecutivo”, complementa Botero.

Otro sustancial freno que tendrá Petro cuando se posesione es el Congreso de la República. A diferencia de sus vecinos Perú y Ecuador, en Colombia es bicameral, está conformado por el Senado y la Cámara de Representantes.

El nuevo Congreso fue elegido en marzo y entrará en funcionamiento en julio de este año por el periodo 2022-2026.

El Pacto Histórico consiguió 20 escaños en el Senado y, además, varias circunscripciones en la Cámara de Representantes, que se elige a nivel departamental, en lugares donde la izquierda nunca había ganado.

“Petro tiene un número de congresistas de su partido con quienes seguramente puede trabajar, pero no tiene la mayoría, entonces va a tener que entrar a negociar su ambicioso paquete reformas con el Congreso”, afirma Botero.

“Y yo creo que en esa negociación muchas de las cosas necesariamente se moderarán. Es decir, a pesar de todos los problemas que tiene nuestro Congreso, la negociación también funciona como un freno para quienquiera que sea el presidente”, añade.

Botero explica que el Congreso de Colombia no está “híper fragmentado” como el de Brasil, donde hay más de 30 partidos, pero cuenta con al menos ocho fuerzas políticas y ninguna tiene una mayoría abrumadora.

“Los partidos equiparables a la bancada del Pacto Histórico son dos de los partidos viejos de Colombia, el [partido] Liberal y el [partido] Conservador. Son partidos muy pragmáticos, de maquinaria, no tanto de una posición ideológica fuerte como serían los dos en los extremos”, expone Botero.

“Hubo otros cambios interesantes (tras las últimas elecciones): por ejemplo, el partido de derecha, Centro Democrático, que es un partido de mucha fuerza en las últimas décadas en Colombia con el expresidente Álvaro Uribe, sigue teniendo un contingente no despreciable, pero sufrió un golpe muy importante”, asevera.

Y debajo quedan el partido Verde, que representa al centro y otros grupos pequeños a quienes todos intentarán cooptar para sumar.

“Petro tendrá que armar grupitos con diferentes fuerzas para poder tener las mayorías y poder pasar sus reformas”, agrega la profesora, que es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

La Constitución Política de Colombia de 1991 dispuso que los organismos de control son la Procuraduría General, que investiga las faltas disciplinarias de los funcionarios públicos; la Defensoría del pueblo, que se ocupa de la protección de los derechos fundamentales; y la Contraloría General, que hace control fiscal sobre quienes manejan fondos o bienes de la nación.

Y aunque, como las cortes, hace parte de la rama judicial, una cuarta entidad que cabe para este análisis entre los órganos de control es la Fiscalía General, un ente autónomo que investiga delitos e infracciones.

No sólo Petro iniciará su mandato con organismos que él no nombra inmediatamente, sino que el gobierno saliente logró dejar en cabeza de las cuatro entidades a amigos personales y exsubordinados del actual presidente, Iván Duque, de la derecha colombiana.

“[Petro] Tendrá la posibilidad de nombrar al Defensor del Pueblo, pero hay que pensar que, a la Procuradora [y exministra de Justicia], la puso su predecesor Duque; que tendrá de fiscal a [Francisco] Barbosa, que también fue puesto por Duque; y que en Colombia el presidente no tiene ningún control sobre el contralor, que se elige en un proceso meritocrático”, afirma Botero.

“Estoy segura de que van a hacer una labor supremamente brillante, que ni siquiera han hecho hasta el momento en el caso de Duque. Harán control político muy intenso, de un nivel de puntillosidad que no me los imagino teniendo a estos tres últimos en otro escenario”, explica.

Para Ricardo Ávila, analista sénior del periódico El Tiempo, hay otro contrapeso que enfrenta el presidente electo de Colombia.

“El cuarto [contrapeso] es lo que uno podría llamar de manera genérica los mercados. Son los que obligan a los gobiernos a tomar decisiones para que no haya gran alteración, como por ejemplo en la tasa de cambio o el costo de endeudarse del país”, expone.

“Lo que vimos en el caso de Perú y de Chile [con las elecciones de Pedro Castillo en 2021 y Gabriel Boric en 2022, respectivamente] fueron devaluaciones importantes que en su mayoría se revirtieron y muy probablemente en el caso de Colombia, si el nuevo gobierno actúa de manera relativamente responsable, después de un episodio de nerviosismo, la cosa se tranquiliza”, agrega Ávila.

“¿Qué fue lo que hicieron en el caso de Perú y Chile? Nombraron de ministro de Hacienda a una persona que era considerada como seria y que iba a mantener la casa en orden. Ese es el tema fundamental”, explica el analista colombiano.

“Si algunas de las políticas de Petro tienen éxito, como por ejemplo golpear la exploración de petróleo y eventualmente hacer que la explotación del petróleo caiga -el petróleo es el principal renglón de exportaciones de Colombia-, lo que muestran los análisis es que claramente habría una afectación”.

“El gran seguro a la larga a los gobernantes es el clima interno. Si en lugar de una situación de prosperidad percibida entramos en una situación de crisis económica, obviamente el péndulo de la opinión se voltea y se voltea en contra del gobernante”, afirma.

“Si la gente siente que todo es mucho más costoso, que hay mucha más pobreza, que no hay oportunidades de empleo, claramente la favorabilidad del gobierno se va al suelo y eso le quita margen de maniobra a cualquier administración. Por esa razón es que es tan importante mantener la buena salud de la economía”.

La llegada de Petro a la presidencia de Colombia ha generado mucha curiosidad y especulación sobre la relación que tendrá con la Fuerza Pública (Ejército, Policía Nacional, Armada y Fuerza Aérea), una vez se posesione en el cargo.

El mayor general Eduardo Zapateiro, jefe del Ejército colombiano, mantuvo en campaña una disputa por twitter con el ahora presidente electo, al que criticó con dureza.

El domingo en la noche, ante el triunfo de Petro, ya se rumoreaba con la renuncia de Zapateiro, representante más notable del ala dura y conservadora de los militares.

Algunas voces han incluso sugerido la posibilidad de un golpe de Estado. ¿Qué tan determinantes serán los militares en la gobernabilidad de Petro? ¿Es viable un golpe de Estado?

“Yo no lo veo. Primero porque se han dividido; segundo, no tienen una figura que eventualmente hubiera podido tener algún respaldo político. Y en los militares y en los policías no es fácil que alguien en retiro vuelva y lo respeten”, dice Andrés Dávila, profesor titular de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, en Bogotá.

“Tienen además unas reglas que hay que respetar por encima de todo. Y los casi 500.000 miembros del ejército están más preocupados por mantener su salario, sus primas y no se van a meter en una aventura”, añade.

“¿Qué es lo que se encuentra el presidente? Unas fuerzas que se cayeron en las encuestas, que están deslegitimadas, que están divididas internamente y por eso hay tanto escándalo de corrupción”, ilustra Dávila, que ha investigado ampliamente las relaciones civiles-militares y el conflicto armado en Colombia.

Un elemento que ha fracturado enormemente a los militares, particularmente al ejército, según Dávila, es que algunos se han sometido al tribunal de justicia transicional, JEP, después de que se firmó el proceso de paz con las FARC durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

“Uno podría decir que la división, por ejemplo, en el Ejército es de santistas versus uribistas, pero cuando uno conoce un poquito más adentro sabe que no son solo dos bandos, son muchos bandos”, sostiene Dávila.

“Sin duda debe haber muchos militares a los que internamente les parece terrible que un exguerrillero sea el presidente y su comandante en jefe y como en cualquier ejercicio, pues puede ser que algunos pedirán la baja y se irán (…) Pero para muchos estar en el ejército, es ”la papita“ del día a día, la salud, la pensión”.

“Y, además, ellos creen en defender la institucionalidad, respetar la democracia y de subordinarse al poder civil”, destaca Dávila que estuvo al frente de los planes de desarrollo y política de seguridad de las Fuerza Pública entre 2001 y 2007.

Al igual que en el tema de la economía, la relación con los militares y la policía depende de cómo lo maneje el presidente electo, según Dávila.

“Dependerá de la inteligencia de Petro porque no encontrará un monolito. Hay unos oficiales que lo han respaldado y lo que he oído es que quiere poner a un general retirado en el ministerio de Defensa”, agrega Dávila.