El sol resecaba la tierra en los campos agrícolas del Valle de San Quintín, Baja California, en el noroeste de México. Bonifacio Martínez Cruz hizo una pausa en la recolección de fresas y caminó a un barril con el agua para los campesinos.Seguir a @Mundo_ECpe !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');
Bebió un sorbo y la escupió enseguida. “Estaba salada”, le cuenta a BBC Mundo, pero se aguantó el asco y tomó algunos tragos más.
“No hay de otra, sabes que te vas a enfermar, sabes que es dañino, pero ¿qué vas a hacer cuando no hay agua?”, confiesa.
La escena es frecuente en la vida de miles de jornaleros agrícolas en México, quienes suelen trabajar en condiciones precarias con bajo sueldo, escasa atención médica, hacinados en barracas de madera o bajo lonas o trozos de plástico.
Entre ellos hay mujeres y niños porque en los campos agrícolas trabajan familias enteras, especialmente indígenas según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
El jefe de la dependencia, Alfonso Navarrete Prida, reconoce que en muchos campos agrícolas del país la producción se basa “en un sistema de explotación totalmente ilegal”.
Hace unas semanas la Secretaría encontró en Colima a 80 indígenas mixtecos que eran explotados.
A los jornaleros, incluso niños, se les pagaban 3 pesos (US$0.20) por recoger una cubeta con pepinos.
HUELGA GENERAL
En San Quintín la situación también es complicada, dice la Alianza de Organizaciones Nacional, estatal y Municipal por la Justicia Social que representa a miles de campesinos en la zona.
En ocasiones los campesinos trabajan jornadas de hasta 15 horas, sin descansar los días que les corresponden como el domingo. Muchas familias laboran para completar el ingreso, y el acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, la principal institución de salud para los trabajadores del país) es limitado.
Desde octubre del 2014 pidieron al gobierno de Baja California su intervención para mejorar las condiciones de trabajo y un aumento en sus ingresos.
Actualmente el salario es de entre 110 y 150 pesos por jornal (de US$7 a 9). Los campesinos piden un salario de 300 pesos diarios.
El Consejo Agrícola de Baja California dice que no puede pagar esa cantidad pero ofreció un incremento de 15%.
La oferta es insuficiente, explica Martínez Cruz, uno de los voceros de la Alianza.
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Organizaciones civiles afirman que las condiciones de San Quintín se repiten en varias partes del país. (Foto: STPS)
Así, desde el 17 de marzo empezó una huelga que paralizó la mayoría de los campos agrícolas de la región, que es una de las mayores productoras de vegetales del país.
La protesta fue de tal magnitud que consiguió la intervención de senadores, diputados y el gobierno federal, algo que no ocurría desde 1997.
El movimiento tendrá una jornada decisiva el 24 de abril, cuando se reúnan en el Valle representantes del gobierno federal, el Senado, la Cámara de Diputados, de los empresarios agrícolas y los jornaleros.
Para ese día está programada una serie de protestas en varias ciudades del país, así como una marcha en la carretera de acceso a San Quintín.
BBC Mundo solicitó entrevistas al Consejo Agrícola de Baja California, que representa a los empleadores de la zona, pero no obtuvo respuesta.
NIÑOS JORNALEROS
El conflicto de San Quintín recordó un viejo problema que no ha logrado resolverse en México.
Organizaciones civiles como la Red de Jornaleros/as Internos dicen que las condiciones del Valle se repiten en al menos 19 de los 32 estados del país.
En México existen 2 millones de jornaleros agrícolas, pero el número de quienes trabajan en los campos puede ser de hasta 10 millones pues casi todos incluyen a su familia en las tareas agrícolas reconoce la Secretaría del Trabajo.
“La inmensa mayoría trabaja en la informalidad, no tienen ningún tipo de seguridad social que les puedan dar los empleadores”, le dice a BBC Mundo Víctor Manuel Torres Moreno, jefe de la Unidad de Delegaciones Federales de la STPS.
Casi todos los jornaleros son migrantes, especialmente de estados del sur como Oaxaca, Guerrero, Veracruz o Chiapas.
“Se van por temporadas pero se llevan a la familia completa para cumplir el ciclo agrícola”, añade el funcionario.
“Eso implica que lamentablemente pongan a sus hijos en condiciones vulnerables, desde que no puedan ir a la escuela hasta el muy delicado escenario de ponerlos a trabajar en el campo de cultivo”.
No se conoce el número de menores que son jornaleros agrícolas, pero el secretario Navarrete Prida dice que la mayoría de los 2,5 millones de niños trabajadores que hay en México se encuentran en campos de cultivo.
“ENGANCHADORES” Y “CAMIONETEROS”
Además de las condiciones precarias en los campos, una parte fundamental del problema es el sistema de contratación y pago de los jornaleros.
En lugares como San Quintín muchos de los campesinos viven en la zona, pero en estados como Sinaloa, Sonora, Guanajuato o Zacatecas la mayoría de los trabajadores agrícolas son migrantes.
En muchos casos son contratados en comunidades indígenas por “enganchadores” o “camioneteros”, una especie de intermediarios que proveen mano de obra a los campos de cultivo.
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El problema de los jornaleros agrícolas no ha sido resuelto en décadas. (Foto: STPS)
Con frecuencia estos campesinos son engañados. Al llegar a las zonas agrícolas se encuentran con que una parte de su sueldo se la quedan los enganchadores.
Además, son obligados a comprar su comida y otros enseres en los negocios de sus empleadores, no pueden abandonar los campos y deben trabajar incluso los días de descanso obligatorio.
Los empleadores suelen mostrarse indiferentes, explica a BBC Mundo Mundo Celso Ortíz Marín, investigador de la Universidad Autónoma Indígena de México.
“El productor a veces dice que no tiene ninguna responsabilidad sobre ellos porque no los está él empleando directamente, sino el camionetero”, afirma.
El secretario Navarrete Prida ha dicho que algunos de estos grupos pueden estar vinculados con la delincuencia organizada.
Por lo pronto la STPS emprendió una operación especial contra la explotación de jornaleros agrícolas, especialmente menores de edad.
En los últimos dos años ha realizado 11.000 inspecciones a campos agrícolas, y presentó varias denuncias por trata de personas. Los procesos judiciales están en curso.
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