La investigación Lava Jato, sobre el mayor caso de corrupción en la historia de Brasil, cumple este viernes tres años amenazada por maniobras de políticos que, cada vez más cercados, buscan auto-amnistiarse, según los fiscales.
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“Aquellos cuyos nombres están siendo revelados intentan reaccionar (...). Buena parte del (poder) Ejecutivo y del Legislativo están contra las investigaciones”, advirtió el fiscal Carlos Fernando Lima en una conferencia convocada en Curitiba (sur) para hacer un balance de los tres años de la operación.
Ex mandatarios, senadores, diputados, ejecutivos de empresas estatales y empresarios integran la larga lista de investigados por su participación en la red de corrupción de la brasileña Petrobras, un esquema que luego fue exportado a América Latina y África por la constructora Odebrecht.
En su capítulo más reciente, la fiscalía general pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) la apertura de 83 nuevas investigaciones contra dirigentes con fueros (ministros y legisladores), un movimiento sin precedentes que amenaza a prácticamente toda la clase política.
Los pedidos del fiscal general, Rodrigo Janot, se basan en la confesión de 77 ejecutivos y ex ejecutivos de Odebrecht sobre los sobornos pagados a líderes políticos a cambio de leyes que favorecieran a la compañía y de contratos con empresas públicas.
Aunque la identidad de los políticos involucrados en esta nueva etapa aún está bajo secreto de sumario, los medios reportaron que al menos seis ministros del presidente conservador Michel Temer aparecen en la lista, incluido su jefe de gabinete, Eliseu Padilha, y el canciller Aloysio Nunes, además de los presidentes de ambas cámaras del Congreso.
De acuerdo con esos reportes, también figuran en la nómina los ex presidentes de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016).
—'Sálvese quien pueda'—
Frente al tsunami de procesos que se avecina, juristas, ONG y algunos opositores denuncian que en el Congreso se están tejiendo nuevas iniciativas para amnistiar delitos relacionados con la financiación de campañas, como ya había ocurrido a fines del año pasado.
“Una amnistía de la 'Caja 2'(dinero no declarado para financiar actividad política), representa la lógica del sálvese quien pueda”, afirmó este viernes en las redes sociales el diputado Iván Valente, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL, izquierda).
Los fiscales denuncian un intento, por parte de los políticos, de minimizar sus actos aduciendo que las donaciones no contabilizadas son “una práctica común” y constituyen un delito menor, cuando en realidad con frecuencia se utiliza para encubrir actos más graves, como corrupción y lavado de dinero.
La organización Vem Pra Rua (VPR) llamó a manifestaciones en todo el país el próximo 26 de marzo, para denunciar esas tentativas.
Para el procurador Lima, “basta una noche en el Congreso para que toda la investigación (Lava Jato) sea echada por tierra”. “Tenemos que mantener la atención”, advierte.
—1.300 años de cárcel—
Las condenas dictadas por la justicia contra empresarios, ex legisladores y operadores financieros suman ya más de 1.300 años de cárcel.
La corte suprema tramita actualmente cinco juicios contra políticos en el marco de Lava Jato, de un total de 20 denuncias formuladas por la fiscalía en ese ámbito judicial hasta ahora.
En los próximos meses se prevé una nueva ola de denuncias, después de que la corte autorice los nuevos pedidos de investigación.
Lava Jato rompió con “la impunidad de los círculos de poder en Brasil y trajo un diagnóstico de una corrupción que está históricamente enraizada”, consideró el fiscal encargado del caso en Curitiba, Deltán Dallagnol.
Pero sería una trampa creer que la investigación “resolverá todos los problemas. Después de tres años, es necesario que la población insista en iniciativas de renovación política y en reformas del sistema político y de justicia” para que Brasil se convierta en un país menos corrupto, sostuvo.
Fuente: AFP
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