El prestigioso abogado investigado por soborno que tiene contra las cuerdas a la élite política, empresarial y judicial en Chile

Era, sin duda, uno de los abogados penalistas más influyentes de Chile.

Durante su extensa y exitosa carrera, Luis Hermosilla había logrado, como pocos, tender puentes entre la élite política, empresarial y judicial del país sudamericano.

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Partícipe de casos de alta relevancia pública -como la defensa del sacerdote John O’Reilly, acusado de abusar de una menor, o del empresario Claudio Spiniak, implicado en uno de los mayores escándalos judiciales y políticos de la historia reciente chilena-, el penalista no pasaba desapercibido entre los pasillos de los tribunales.

Pero su suerte cambió radicalmente el 14 de noviembre de 2023.

Ese día, el centro de investigación periodística Ciper hizo público un audio de una conversación privada en la que Hermosilla menciona supuestos pagos irregulares “en sobres” a funcionarios de dos importantes entidades públicas -el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)- con el presunto fin de obtener información privilegiada.

En el audio, el abogado les dice a sus contrapartes -el empresario Daniel Sauer, a quien representaba, y la abogada Leonarda Villalobos- que lo que están haciendo es un “delito”.

“Aquí estamos haciendo una huevá que es delito, y es la única manera de hacerlo”, dice el penalista en el audio dado a conocer por Ciper y que hoy forma parte de la investigación que lleva en su contra la fiscalía.

La publicación de las grabaciones supuso un fuerte remezón para un país que, según distintos índices internacionales, es uno de los menos corruptos de América Latina (junto con Uruguay y Costa Rica).

Pero a casi cinco meses del episodio, el caso se ha complicado aún más con la aparición de nuevas y complejas aristas.

Una de ellas incluye al exdirector de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Sergio Muñoz, quien está en prisión preventiva acusado de filtrarle información reservada al abogado en delicadas causas.

Por otra parte, este lunes 8 de abril, Daniel Sauer -excliente de Hermosilla-, su hermano Ariel y otros empresarios fueron detenidos en el marco de una investigación por operaciones irregulares y facturas falsas supuestamente emitidas por su empresa de servicios financieros llamada Factop.

En el audio hecho público en noviembre, Hermosilla estaba asesorando a Sauer en ese tema y otros.

En estos días también salió a la luz pública un informe reservado que fue elaborado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) -un ente fiscalizador de la actividad económica chilena- donde se detallan los movimientos bancarios de Luis Hermosilla. Según el diario La Tercera, este se creó a raíz de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos por distintos bancos y se alerta sobre un “uso intensivo de dinero en efectivo”.

En conversación con BBC Mundo, Juan Pablo Hermosilla, abogado defensor y hermano del penalista, afirma que están “tranquilos, colaborando activamente con la investigación”, pero que no conocen los detalles del estado actual de las pericias “por lo que estamos atentos a lo próximos desarrollos”.

¿Cómo llegó Luis Hermosilla a tejer sus redes de influencia en Chile? Y ¿qué otros escándalos han salido a la luz a raíz de su caso?

Para entender la importancia de este abogado en Chile (y los coletazos de la investigación en su contra), hay que repasar su historia y su trayectoria.

Luis Hermosilla es hijo de Nurieldín Hermosilla Rumie, uno de los principales penalistas chilenos que ejerció entre las décadas de 1970 y 1990.

Luego de asistir al Instituto Nacional -uno de los establecimientos educacionales públicos más prestigiosos del país sudamericano-, en 1974 entró a estudiar derecho a la universidad Católica, siguiendo lo pasos de su padre.

Por esa época, se definía como un hombre de izquierdas. Según la prensa local, el abogado militó en el Partido Comunista durante años.

Pero en la universidad estrechó lazos con quienes serían importantes líderes de la derecha chilena: uno de ellos es Andrés Chadwick, exministro del Interior de Sebastián Piñera y fundador del partido conservador Unión Demócrata Independiente (UDI).

Otro es Juan Antonio Coloma, quien también es miembro de la UDI y ha sido parlamentario desde 1990 en Chile, ocupando el cargo de presidente del Senado hasta el 13 de marzo de este año.

La amistad que entabló Hermosilla con ellos duraría décadas y también estaría ligada a quien era su profesor, el abogado Jaime Guzmán, quien jugó un rol clave en la redacción de la Constitución vigente en Chile, creada en 1980 bajo el régimen de Augusto Pinochet.

A pesar de lo anterior, cuando Hermosilla salió de la universidad en 1980, comenzó a asesorar a la Vicaría de la Solidaridad, un organismo de la Iglesia católica que prestaba asistencia a las familias víctimas del régimen de Pinochet.

Pero el abogado demostró muy temprano su capacidad de transitar de un mundo a otro con facilidad.

En 1996, tomó la representación de la familia de Jaime Guzmán, quien fue asesinado en abril de 1991 por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, un grupo subversivo de la izquierda radical.

Según registros del diario La Tercera, en ese momento recibió críticas por parte de víctimas de derechos humanos por su supuesto viraje. Él, sin embargo, dijo que cuando un abogado asume la defensa de una persona no tiene por qué estar del lado de sus ideas.

Así, poco a poco, Hermosilla se fue haciendo un nombre.

“Durante la transición a la democracia a partir de los años 90, se fue convirtiendo en una persona muy influyente en términos políticos pero también en términos judiciales”, le explica a BBC Mundo Nicolás Sepúlveda, el periodista de Ciper que sacó a la luz el caso del abogado.

En los años siguientes, el penalista siguió sumando importantes causas a su carrera: desde los ya mencionados casos del empresario Claudio Spiniak (2003) y del sacerdote O’reilly (2014), hasta la representación del conocido futbolista Iván Zamorano en una querella por injurias (en 2004) y la asesoría a la empresa SQM (Soquimic), una de las mayores productoras de litio a nivel global, en el escándalo por financiamiento irregular de la política (en 2015).

En la última década, Hermosilla se fue vinculando cada vez más a la política, siendo asesor de los gobiernos del expresidente Sebastián Piñera y estando especialmente vinculado a Andrés Chadwick, quien era ministro del Interior.

“Hermosilla formó parte de los dos gobiernos de Sebastián Piñera como asesor judicial. Asesoró en temas que tenían que ver con el conflicto mapuche en el sur de Chile, y Chadwick le puso el piso político”, explica Nicolás Sepúlveda.

“Era un hombre muy requerido. Se le conocía por las redes que manejaba. Conectaba círculos políticos influyentes con círculos empresariales y judiciales. Hizo de puente entre distintas élites”, agrega.

Pero, una vez más, en los últimos años su trabajo no sólo se limitó a los líderes de la derecha.

En 2023, tomó la defensa de Miguel Crispi, jefe de asesores del presidente Gabriel Boric, en el marco de la investigación por unos cuestionados convenios entre fundaciones y organismos del Estado, conocido como “Caso Convenios”.

“Cuando surge el Frente Amplio en Chile como una nueva izquierda que logra acceder al poder, Hermosilla estaba muy bien conectado con ese mundo porque su hijo es uno de los fundadores de Revolución Democrática (RD), que es uno de los partidos fundantes del Frente Amplio”, explica Sepúlveda.

“Entonces, si bien hoy aparece como un hombre cercano a los sectores conservadores, tuvo el talento para tejer redes que lo acercaron a la nueva izquierda y también tiene contactos con la izquierda más tradicional. Es decir, es un hombre bastante transversal”, añade.

Crispi decidió prescindir de los servicios de Hermosilla luego de que se revelara el audio en el que el abogado menciona los pagos “en sobres” a funcionarios.

Tras la publicación del audio, la Fiscalía Metropolitana Oriente abrió una investigación de oficio catalogada como secreta.

Según afirmó Pamela Valdés, vocera de la fiscalía, Hermosilla está siendo investigado por el delito de soborno, de conformidad al artículo 150 del Código Penal chileno.

Como respuesta, el abogado publicó una declaración en la que aseguró ser objeto de una “maniobra siniestra”. También negó el pago de sobornos a funcionarios públicos.

Entre las pericias de la investigación, la fiscalía allanó su oficina y requisó su teléfono celular.

En él, los investigadores encontraron cientos de mensajes de texto que han ido develando nuevos escándalos.

Uno de ellos, involucra al exdirector de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Sergio Muñoz, quien renunció a su cargo luego de que su casa fuera allanada el 15 de marzo.

La fiscalía lo acusó de delitos de violación de secreto por supuestamente entregarle información reservada a Hermosilla entre los años 2021 y 2023.

De acuerdo con los detalles entregados por la fiscal Lorena Parra, esta información se relacionaba con diversas causas, entre ellas, una que afectaba a su antecesor en la PDI, Héctor Espinosa, quien era justamente representado por Hermosilla.

También le habría compartido información sobre la polémica compraventa de la minera Dominga, que involucraba al expresidente Sebastián Piñera, y otras causas de alta connotación pública en Chile.

Muñoz fue formalizado y actualmente cumple prisión preventiva mientras continúan las investigaciones, para lo que se estableció un plazo de 120 días.

Según el medio Ciper, en los mensajes del celular de Hermosilla también se hallaron pruebas de su influencia en el nombramiento de ministros del Poder Judicial en Chile en 2021.

Aunque Hermosilla no ha sido acusado de ningún delito por esto último, se ha abierto un debate en Chile respecto del sistema de nombramientos de altos cargos en el Poder Judicial.

La Corte Suprema, de hecho, emitió una declaración pública en la que admitió que el sistema “podría permitir algunos espacios de opacidad”.

Con todo, mientras la fiscalía continúa trabajando sigilosamente en la investigación que involucra a Hermosilla, en Chile existe la sensación de que este caso está en sus primeras etapas.

Sobre todo considerando la cantidad de mensajes de texto que se encontraron en el teléfono del abogado.

“Creo que es una investigación que está recién comenzando, que tiene una dimensión jurídica, que está vinculada a la responsabilidad penal, pero yo creo que tiene toda esta dimensión más de redes y vínculos, que yo creo que todavía se está por conocer”, dijo el ministro de Justicia, Luis Cordero, en una entrevista con Radio Infinita el 22 de marzo.

Cordero agregó que el celular de Hermosilla “puede ser una Caja de Pandora”.

Consultado al respecto, el abogado del penalista, Juan Pablo Hermosilla, señaló a BBC Mundo que cree “que la fiscalía está haciendo bien su trabajo y hay resguardos legales suficientes para proteger el secreto profesional”.

Otros profesionales cercanos a Hermosilla apuestan por lo mismo.

A principios de mes, el abogado chileno Mario Vargas Cociña presentó un recurso de protección para evitar que las miles de páginas del reporte con la información del celular del abogado lleguen a las manos del Consejo de Defensa del Estado (CDE), un órgano que defiende a entes públicos.

Según consignó Ciper, en el recurso Vargas Cociña reconoce conversaciones con Hermosilla pero dice que están en el ámbito de su vida privada.

El caso de Luis Hermosilla ha impactado en Chile no sólo por el nivel de influencia y prestigio del abogado, sino también por el eventual daño a las instituciones del país sudamericano.

Así se lo explica a BBC Mundo María Jaraquemada, abogada experta en transparencia y académica de la Universidad Católica de Chile.

“Ha sido un golpe muy duro, que ha impactado a toda la institucionalidad chilena, al Estado completo. Porque cuando ocurren estos casos, las personas tienden a creer que está todo contaminado”, señala.

“También es un golpe al principio democrático de que todos somos iguales ante la ley porque evidencia que algunas personas que tienen acceso al poder tienen ciertas ventajas y privilegios, y pueden lograr influir en la agenda y capturar a las autoridades”, agrega.

Para la abogada, lo anterior es especialmente importante si se tiene en cuenta cómo la percepción de corrupción en el país ha cambiado en la última década debido a casos como el financiamiento irregular de la política, que explotó en 2014, u otros que han involucrado a empresarios o a la policía chilena, Carabineros.

“Las últimas encuestas muestran que un 58% de los chilenos considera que hoy tenemos más corrupción que hace 5 años, y un 73% cree que casi todos los funcionarios de los servicios públicos están involucrados”, dice.

Por otra parte, Jaraquemada afirma que la arista que involucra al exdirector de la PDI es compleja en momentos en que hay una crisis de seguridad en el país.

“La PDI se había mantenido relativamente aislada de escándalos de corrupción y contaba con muy buena reputación”, dice.

“Pero cuando estamos inmersos en una crisis de seguridad, ver a un director de la PDI tan servicial con un abogado, genera dudas“.

“Porque, ¿por qué no lo va a ser servicial también con el crimen organizado? Este caso aumenta el temor de que las altas autoridades sean capturadas”, añade.

Finalmente, la abogada afirma que lo importante ahora es qué va a pasar después de este caso.

“Si seremos capaces o no de perseguir a quienes haya que perseguir y fortalecer nuestra institucionalidad, o si nos quedaremos en lo anecdótico, en lo mediático”, concluye.