Luisa Ortega Díaz, la fiscal general de Venezuela a la que la Asamblea Constituyente impulsada por Nicolás Maduro destituyó, siempre ha sido una figura polémica. Pero desde que el 31 de marzo afirmara que los fallos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, suponían una “ruptura del orden constitucional”, quienes antes la veneraban han comenzado a fustigarla y quienes antes la criticaban ahora la aplauden.
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Su deslinde con el gobierno chavista no quiere decir que haya abandonado ese proyecto. Por el contrario, se ha convertido en una de las principales defensoras de su legado: la Constitución de 1999. Sin embargo, desde antes de pronunciar esas palabras que para el oficialismo supusieron una traición, la jurista de 59 años –oriunda del llano como el fallecido Hugo Chávez– tenía tiempo dejando en claro que se desmarcaba. “Ella no participó en la apresurada elección de los magistrados de diciembre del 2015, fue la primera que acudió a la Asamblea a rendir cuentas; y también fue la primera funcionaria en cuestionar públicamente la operación Liberación del Pueblo (el último plan contra el crimen que el gobierno puso en marcha en julio del 2015 y por el cual 476 personas han sido ejecutadas por policías y militares, según la fiscalía)”, rememora a El Comercio un ex colaborador. —Viendo a futuro— No son pocas las voces que han puesto en duda el giro de Ortega. ¿La razón? Su alineación con Chávez, cuyas instrucciones acataba casi tan rápido como se producían y por haber sido una de las responsables de la condena de casi 14 años de prisión para el opositor Leopoldo López. La fiscal, quien en su juventud militó en el pequeño partido de la izquierda radical venezolana Ruptura, llegó al Ministerio Público en el 2002 de la mano del entonces fiscal general y uno de sus verdugos en la Constituyente, Isaías Rodríguez. “Llamó la atención de Chávez en diciembre del 2002 al lograr que el capitán de uno de los buques tanqueros que se sumaron al paro petrolero se entregara”, recuerda un amigo, quien agrega: “A partir de allí le empezaron a dar casos emblemáticos, como el que se siguió al presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (el principal sindicato del país) y los relacionados con el golpe del 2002 contra Chávez”. A medida que le asignaban asuntos en los que el gobierno tenía algún interés, la jurista ascendía. Pasó de fiscal de Caracas a fiscal nacional y luego a directora de Actuación Procesal, el tercer puesto en importancia en el Ministerio Público. En el 2007 nada parecía impedirle ser la primera mujer en ocupar la silla de fiscal general, a excepción de las aspiraciones de la entonces diputada Cilia Flores, actual esposa de Maduro. Chávez terminó inclinando la balanza a su favor y eso dañó irreparablemente las relaciones con la hoy primera dama.
—Cambio de rumbo—¿Pero por qué se desmarcó ahora y no antes? Ortega, en una entrevista a “El Mercurio” de Chile, aseguró que su distanciamiento empezó en el 2013, fecha en la que Maduro reemplazó a Chávez, porque comenzó a ver tendencias “propias del fascismo”. “Para mí es claro que tiene aspiraciones políticas y que pretende hacerse con el liderazgo del chavismo para evitar que sus actuales dirigentes lo acaben”, afirma el politólogo Luis Salamanca. Por su parte, su amigo apunta a otro motivo: la reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), que en el 2012 impulsó Flores junto a la ministra de Prisiones, Iris Varela, fueron el germen del malestar, pues allí pretendieron arrebatarle poder al Ministerio Público para conducir las investigaciones penales. Desde el chavismo creen que fue presionada con sanciones por el Gobierno Estadounidense. —En la balanza—“Su gestión fue nefasta, pues fue copartícipe de la represión. Durante todos estos años de supuesta revolución hemos tenido presos políticos gracias a ella. Pero solo ahora está hablando de ellos, porque, por motivos que desconocemos, decidió desmarcarse del gobierno”, denunció Blanca Rosa Mármol, magistrada jubilada del TSJ, quien recordó que ella misma estuvo a punto de ser su víctima cuando en el 2007 inició un procedimiento para removerla por una decisión que no le gustó. Aunque reconoce que los pronunciamientos y acciones de la removida fiscal sirvieron para aislar internacionalmente al chavismo, Mármol ha pedido no canonizarla. “El pasado no se puede olvidar. Ella aún no se ha excusado por lo que le hizo a mucha gente”, suelta. Y parece que Ortega Díaz no hará esto. En público ha dicho que no tiene por qué “hacer ninguna revisión”, porque “yo no he cambiado, siempre he sido la misma. Quienes han cambiado son otros”.
—Para ayer, no para mañana—Sus colaboradores más cercanos prefieren resaltar la modernización en el Ministerio Público que se dio con ella y la creación de laboratorios para investigar a policías implicados en violaciones a los DD.HH. “Con ella no hay tarea para mañana, lo que pide siempre será para ayer. Así que quien recibe una instrucción de ella debe comenzar a ejecutarla de inmediato. Si se trata de algo urgente, no hay lugar a la espera. Luisa Ortega no tolera la mentira y premia la sinceridad. Si no logras un objetivo y reconoces tu error o le dices por qué no cumpliste, más con franqueza que con excusas, lo entenderá”, afirma Alexander Duarte, su ex jefe de Relaciones Institucionales. Desde antes de ser removida, la fiscal aseguró que cualquier represalia en su contra buscaba otra cosa: ocultar la corrupción de Odebrecht y las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país. Los hechos parecen darle la razón. Desde el chavismo no solo han acusado a su esposo, el diputado chavista Germán Ferrer, de dirigir una presunta red de extorsión que operaba en la fiscalía, sino también a los ahora ex fiscales Pedro Lupera y Luis Sánchez, quienes tuvieron en sus manos el Caso Odebrecht y otros escándalos de corrupción muy sonados. Sin embargo, ella ha dicho que tiene en su poder las copias de las pruebas y que está dispuesta a difundirlas.
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