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La frase del presidente de México, Enrique Peña Nieto, es la mejor manera de definir la crisis actual del país: “Después de Iguala, México debe cambiar”.
Con “Iguala” se refiere a la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre a manos de policías municipales de Iguala y el vecino Cocula, ambos en Guerrero.
El caso provocó una oleada de indignación en México y otros países y obligó a Peña Nieto a anunciar un plan especial contra la inseguridad.
Una parte de la estrategia es combatir la infiltración del crimen organizado en autoridades municipales y sustituir las 1.800 policías locales por 32 corporaciones estatales.
Pero la ruta para conseguirlo es un camino sinuoso que depende de negociaciones en el Congreso, acuerdos con partidos políticos y sobre todo de emprender una limpia entre autoridades infiltradas por la delincuencia.
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Nada sencillo. Especialistas como Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia (Estados Unidos), sostienen desde hace tiempo que al menos el 70% de los 2.445 municipios del país tienen vínculos con carteles de narcotráfico.
Un problema que se dejó crecer desde los gobiernos anteriores, subraya.
Y además, algunas de las acciones anunciadas por Peña Nieto ya fueron ensayadas por otros gobiernos, con pocos resultados según otros analistas.
DETALLES
La nueva estrategia en México se llama “Plan por un México en Paz con Justicia, Unidad y Desarrollo”.
Contempla diez acciones contra la inseguridad y una serie de medidas para enfrentar la marginación en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca donde se ubican la mayoría de las comunidades en pobreza extrema.
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Uno de los ejes centrales del nuevo plan es la depuración de las corporaciones policíacas locales, que en conjunto representan la mayoría de los 430.000 elementos activos.
Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que existen unos 380.000 agentes entre policías municipales, estatales y ministeriales (agentes investigadores) en todo el país.
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La mayoría de los policías municipales han superado las pruebas de control y confianza, un examen para descartar –entre otros temas– relaciones con delincuentes. Pero unos 18.000 agentes fueron reprobados. No está claro cuál es su destino.
Otro de los elementos del plan es la posibilidad de que el gobierno federal tome el control de los municipios donde se comprueben vínculos con la delincuencia organizada.
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También propone una clave única de identidad para todos los mexicanos, así como protocolos para investigar rápidamente los casos de tortura y desaparición forzada.
Uno de los temas que ha causado polémica es la decisión de crear un sistema nacional de búsqueda de desaparecidos, un sistema de información genética y la publicación de la Ley General de Víctimas, aprobada por el Congreso desde 2013.
CRÍTICAS
Parte del laberinto que enfrenta el gobierno de Peña Nieto es superar la crisis de credibilidad en que se encuentra, según analistas como Alejandro Hope.
Organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín pro y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre otras, critican el nuevo plan de justicia.
El banco de información genética y la compensación a familiares de desaparecidos son acciones que en teoría ya existen y hasta ahora no han tenido resultados, señalan en un comunicado.
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“No es la primera vez que el actual gobierno anuncia planes y acciones de búsqueda. Tal es el caso del Plan Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas presentado el 9 de julio de 2014”, señala el documento.
“Dicho plan no sirvió para prevenir la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas ni para responder con acciones de búsqueda inmediata”.
CLAVES DE LA PROPUESTA
Reemplazar las 1.800 policías municipales por fuerzas estatales
Lanzar un único número telefónico de emergencias de nivel federal.
Asignar número de identidad o documentos a los mexicanos
Desplegar más policía federal en Guerrero, Michoacán, Jalisco y Tamaulipas
CRÍTICAS
El presidente Peña Nieto dijo que las miles de personas que han participado en las marchas dentro y fuera México, las críticas en redes sociales y las opiniones de académicos o artistas coinciden en un punto: “México no puede seguir así”, como dijo.
Algunos especialistas no están muy convencidos con el nuevo plan.
“El principal problema del gobierno del presidente Peña Nieto es un profundo déficit de confianza por parte de los ciudadanos”, señala Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Y otros como Mauricio Merino, académico del Centro de Investigación en Docencia Económicas (CIDE), afirman que sustituir a las policías municipales es una decisión centralista.
“Está vinculada con la idea de que es mejor tener una muy fuerte centralización policíaca, que es mejor a cualquier alternativa presentada antes”, insiste.
NEGOCIACIONES POLÍTICAS
Peña Nieto reconoce que es importante poner en marcha estas acciones. Pero hacerlo necesita tiempo.
Un ejemplo es sustituir las policías municipales y tomar el control de los ayuntamientos, lo cual requiere modificar el artículo 115 de la Constitución que establece a las alcaldías como responsables de la seguridad de sus localidades.
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Una reforma de esta naturaleza necesita la aprobación de las cámaras de Diputados y Senadores, y después el acuerdo debe ser avalado por 17 de las 32 legislaturas locales.
Si hay cambios en el texto debe votarse de nuevo en el Congreso y sólo después de este proceso el presidente puede publicarlo para que entre en vigor.
Uno de los problemas es que las cámaras legislativas terminan su período de sesiones el 15 de diciembre. Y en 2015 hay elecciones intermedias, lo cual implica negociar el plan de justicia con partidos que buscan ventajas electorales.
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