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El acuerdo fue anunciado el 3 de noviembre con bombos y platillos: China dirigiría un consorcio empresarial para construir un tren de alta velocidad en México, el primero en su tipo en América Latina.
Para Beijing, el proyecto de US$3.750 millones para la construcción de una vía de 210 kilómetros para unir a la Ciudad de México con Querétaro, significaba “el reconocimiento global de la tecnología ferroviaria china” tal como describió el diario oficial chino “Global Times”.
El desarrollo de esta industria de trenes de alta velocidad ha sido uno de los estandartes del gigante asiático en los últimos años.
Y ahora, por primera vez, China no solo exportaría partes de sus sistemas, como lo había hecho en el pasado.
“Es un proyecto emblemático para la industria (china)”, dijo a la agencia de noticias Xinhua el profesor Sun Zhang, experto de la Universiad Tongji en Shanghái.
“Porque verá la exportación de todo el paquete, incluida la construcción, equipamiento y estándares tecnológicos”, agregó.
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El tren bala chino (AP).
“STUPEFACTA”
El golpe -o “el descarrilamiento del tren bala” como lo llamó el diario hongkonés South China Morning Post- llegó pocos días después.
El jueves 6 de noviembre, el secretario de Comunicaciones y Transporte (SCT) de México, Gerardo Ruiz Esparza, anunció que el fallo del concurso para la construcción del tren rápido México-Querétaro “quedaba sin efecto”.
La noticia dejó a muchos anonadados.
“Fue un revés muy serio para China”, dice a BBC Mundo Raymond Li, del Servicio Chino de la BBC.
“No solo por la enorme cantidad de dinero involucrada sino también por la ambición de China para exportar su tecnología de alta velocidad”.
“Y también hay que tener en cuenta que éste iba a ser el primer contrato que China ganaba en el exterior, lo cual, se suponía, iba a sentar un buen precedente”, agrega el periodista.
La empresa China Railway Construction Corporation (CRCC) -la mayor contratista de construcción del mundo- que iba a dirigir el consorcio del proyecto junto con tres empresas mexicanas, estaba “estupefacta” según el Global Times.
El viernes, tras el anuncio, CRCC sufrió una caída de 4,94% en la Bolsa de Shanghái y de 5,76% en el mercado de valores de Hong Kong, su mayor caída desde julio del 2013.
El diario citó a Huang Wei, socio de la firma de abogados Tian Yuan en Beijing, que indicó que CRCC estaba considerando posibles acciones legales “para buscar compensación por las pérdidas causadas por la abrupta decisión del gobierno mexicano”.
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Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera (EFE)
FACTORES INTERNOS
Lo que todos se preguntaban era ¿por qué?
China se apresuró a dejar en claro que su oferta había cumplido con todas las regulaciones y que el contrato había sido revocado por “factores internos mexicanos”.
Se dio a conocer que el consorcio chino había sido el único postor para el ambicioso proyecto mexicano después de que otras 16 empresas habían declinado la convocatoria, incluidas las principales competidoras globales de CRCC: la alemana Siemens, la canadiense Bombardier, la francesa Alstom y la japonesa Mitsubishi.
Surgieron acusaciones de políticos de oposición de que la plataforma de oferta no había sido justa y que las tres empresas mexicanas que participaban en el consorcio liderado por CRCC tenían vínculos cercanos con el gobierno.
El jueves durante una audiencia en el Senado uno de los críticos que más cuestionaron el proyecto, Javier Corral, del opositor PAN, señaló que “ahora era necesario saber si los ganadores de la licitación habían recibido información privilegiada”.
“De ser así, se amañó un proyecto multimillonario con el fin de privilegiar a uno de los competidores y los demás contendientes, conscientes de ello, se retiraron”, dijo.
Corral afirmó que las empresas mexicanas que participaron con el consorcio de CRCC: Prodemex, Constructora Teya y GHP Infraestructura Mexicana “son propiedad de personajes ligados al PRI (partido en el poder) y al actual presidente Enrique Peña Nieto”.
Constructora Teya está dirigida por Juan Armando Hinojosa, amigo cercano de Enrique Peña Nieto.
La empresa está afiliada al Grupo Higa, que ha ganado contratos multimillonarios desde que el presidente era gobernador del Estado de México, de 2005 a 2011.
En la reunión del Senado, el secretario Ruiz Esparza insistió en que “todo fue legal en la adjudicación del proyecto del tren rápido”.
Agregó que “fue una decisión soberana del gobierno de China la de asociarse con las empresas mexicanas”.
“Con toda libertad le digo, no creo haber violado absolutamente ninguna legalidad, así como se les invitó a ellos, se les invitó a los demás”.
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La mansión de los Peña Nieto
LA “CASA BLANCA” DEL PRESIDENTE
Las cosas empeoraron el domingo, cuando la prensa mexicana publicó una investigación sobre la mansión de US$7 millones donde vive la familia Peña Nieto.
El informe publicado en Aristegui Noticias reveló que la mansión presidencial, ubicada en uno de los barrios más caros de la Ciudad de México, está registrada a nombre del Grupo Higa.
La revelación desató una polémica en el país y de inmediato el portavoz presidencial respondió que la esposa de Peña Nieto, la ex actriz Angélica Rivera, contrató a la compañía inmobiliaria para adquirir la propiedad en su nombre y que ella “ha estado pagándola”.
La tormenta no quedó en México. El presidente está actualmente en China, en la cumbre de los países de la APEC, y ha debido enfrentar las críticas allí por la revocación del contrato.
Como señala Raymond Li, de la BBC, “ha habido varios informes y análisis sobre la cancelación, que China responsabiliza a la política interna de México”.
“Y aunque no se han dado los detalles de porqué se tomó la decisión, la mayoría de los analistas son muy críticos de México y han descrito el hecho como extremadamente poco profesional”, asegura el periodista.
Todo esto ocurre en un momento complicado para el gobierno de México por la desaparición y probable asesinato de 43 estudiantes en el estado de Guerrero.
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Reuters
El caso ha provocado extensa indignación y protestas en el país porque el supuesto asesinato fue perpetrado por autoridades y policía local en colusión con miembros de carteles de droga.
Tal como lo dijo el senador Javier Corral, “hay una bomba de tiempo, porque hay una exigencia social que reprocha la impunidad, la colusión entre delincuentes y la autoridad, como para adicionarle procesos de licitación enderezados a favorecer a amigos, a personeros o a empresas cercanas al partido en el gobierno o al Presidente de la República”.
El gobierno de Enrique Peña Nieto subraya que todo el proceso se llevó a cabo “con transparencia y legalidad” y que el consorcio chino ganó porque presentó “un ofrecimiento y un financiamiento fuera de serie”.
Sin embargo otras empresas que se interesaron por la licitación indicaron que el lapso para presentar una propuesta fue muy corto.
En sus declaraciones ante el Senado el secretario de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruiz Esparza declaró que la dependencia a su cargo actuó “con toda legalidad” y que “no había asomo de favoritismo o corrupción” en el proyecto.
“No es un tema de amistades -dijo- es un tema de empresas. Hay en todas las empresas, o en casi todas las empresas, un nombre conocido”.
Hasta ahora, la razón que ha dado el gobierno mexicano para la revocación de la licitación china es para “responder a las dudas e inquietudes que han surgido en la opinión pública por este proyecto”.
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