Managua. Un vigilante que confesó haber matado en Nicaragua a la estudiante brasileña Rayneia Gabrielle Lima el 23 de julio pasado fue condenado a 15 años de prisión, informó hoy el periódico local “El Nuevo Diario”.
El vigilante Pierson Gutiérrez Solís, un antiguo militar de 42 años, experto en uso de armas y artes marciales, fue condenado a 14 años de cárcel por el delito de homicidio y a 1 por portación y uso ilegal de armas de fuego, por el juez Abelardo Alvir Ramos, el 28 de noviembre pasado, según el periódico.
Durante el juicio, que se realizó a puertas cerradas, Gutiérrez ya había confesado haber realizado varios disparos contra Lima, porque supuestamente conducía de forma errática.
La brasileña, de 30 años y estudiante de sexto año de medicina en la Universidad Americana (UAM), fue herida mientras manejaba su vehículo cerca de la casa del tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Francisco López, de acuerdo con las investigaciones.
Hasta ahora las autoridades no han informado si, como se afirmó en su momento, Gutiérrez pertenecía a un grupo de paramilitares que se mantenían en la zona, ni por qué portaba un arma tipo carabina M4, que no es legal entre los trabajadores de vigilancia.
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El crimen ocurrió cerca de una universidad estatal que recién había sido atacada con armas de guerra por policías y paramilitares, con el objetivo de expulsar a estudiantes que permanecían atrincherados en el campus, como parte de las protestas generalizadas contra el presidente Daniel Ortega.
Nicaragua atraviesa una crisis que ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 “presos políticos”, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organizaciones humanitarias.
El Gobierno acepta 199 víctimas y 273 reos, que denomina “golpistas”, “terroristas” y “delincuentes comunes”.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Ortega no admite responsabilidades y considera que venció un intento de “golpe de Estado”.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado, tras 11 años de gobierno continuo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia.
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Fuente: EFE
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