El Parlamento de Nicaragua canceló hoy de “carácter urgente” la personalidad jurídica a otros cinco organismos no gubernamentales, para sumar nueve en las últimas dos semanas, en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el gobierno de Daniel Ortega desde abril.
Esos organismos son el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), fundado y dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro, hijo de la ex presidenta Violeta Barrios (1990-1997), y quien dirigió el diario Barricada, órgano oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en su primer régimen (1979-1990).
La Fundación Popol Na que es presidida por Mónica Baltodano, una ex guerrillera sandinista que luchó contra la dictadura de los Somoza, formó parte del primer Gobierno sandinista, luego diputada cuando el FSLN era oposición, y acompañó al presidente Ortega cuando fue acusado por violación por su hijastra Zoilamérica Narvaez.
Además, el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), cuyo presidente es Jaime Wheelock, uno de los antiguos nueve “comandantes” de la revolución sandinista.
También la ambientalista Fundación del Río, misma que alertó a la sociedad nicaragüense de las dimensiones reales del incendio de la reserva Indio Maíz en abril pasado, que calcinó unas 5.945 hectáreas de bosque virgen, previo a la crisis sociopolítica en la que está sumergida el país.
Asimismo, la ONG Instituto de Liderazgo de las Segovias, que defiende los derechos de las mujeres y promueve el desarrollo en el norte de Nicaragua.
El Parlamento nicaragüense, controlado por los sandinistas, quitó el estatus legal a esos organismos basado en un informe del Ministerio de Gobernación que los acusa, entre otros, de formar parte de un grupo de ONG que apoyaron “el fallido intento de golpe de Estado”, como el Ejecutivo se refiere a las manifestaciones antigubernamentales que se iniciaron en abril.
Según el Ministerio de Gobernación, esos organismos incumplieron “gravemente sus obligaciones legales” y sus estatutos al haber “desnaturalizado su personalidad jurídica”, “alterar el orden público”, “realizar acciones para desestabilizar el país” y “afectar la seguridad ciudadana”.
También por “facilitar fondos para la comisión de actos terroristas”, lo cual fue rechazado por cada uno de esos organismos, que pusieron a disposición sus libros contables.
Los legisladores sandinistas señalaron a esas ONG de actuar “como partidos políticos”, pedir en el exterior sanciones contra el Gobierno, y potencializar una campaña contra el Estado y contra el Ejecutivo.
“Estos organismos en algún momento defendieron la ideología sandinista y si siguieran defendiendo al régimen no estarían decapitados”, dijo, por su lado, el diputado liberal opositor Miguel Rosales, que denunció “una guillotina legislativa” en Nicaragua.
El diputado sandinista José Antonio Zepeda sostuvo que no se trata de ninguna venganza política o de pasada de cuentas, sino de organismos que incumplieron con sus estatutos y desnaturalizaron sus objetivos.
Dos de las ONG afectadas previamente fueron el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dirigido por la activista Vilma Núñez, y el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), cuya directora, Ana Quiros, fue expulsada de Nicaragua.
Las otras dos afectadas fueron el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) y Hagamos Democracia, cuyos directores, el académico Félix Maradiaga y el político Luciano García, respectivamente, debieron huir al exilio alegando “persecución estatal”.
Vilma Núñez hizo este jueves un urgente llamado para detener una incursión policial a sus oficinas sin orden legal, tras la cancelación de su registro legal.
“Nos encontramos en una situación de peligro y grave. La Policía nos tiene rodeados en el Cenidh (...) no nos dejan pasar con libertad”, dijo Núñez al anochecer local en un desesperado mensaje enviado a periodistas por su cuenta de la red Whatsaap.
“La peor situación” durante el día fue que a los periodistas y personas que llegaban a las oficinas la policía “les ha dicho que no los dejan pasar porque el Cenidh esta cerrado”, dijo la defensora de derechos humanos, lo que las autoridades negaron.
“Pensamos que esta noche la policía se va a meter al Cenidh; la policía va a agredir nuestras instalaciones, no sé con orden de quien, les pedimos auxilio”, manifestó Núñez.
Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el gobierno de Ortega y un saldo de entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han responsabilizado al gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de “golpe de Estado”.
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.
Fuente: EFE
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