Una movilización liderada por grupos de campesinos e indígenas que tuvo lugar este miércoles en Asunción, la capital de Paraguay, terminó con decenas de heridos y disturbios en distintos lugares de la ciudad.
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Entre los heridos, según un informe de la comandancia de la policía, se encuentra un agente que fue alcanzado por una flecha.
Los disturbios comenzaron cuando la cámara diputados de 80 miembros, con el voto mayoritario de 49 parlamentarios del oficialista Partido Colorado, aprobó la modificación de una ley que aumenta la pena de cuatro a seis años de cárcel para quienes ocupen ilegalmente propiedades privadas.
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Ahora la ley debe ser firmada por el presidente Mario Abdo Benítez para que entre en vigor.
Los grupos indígenas y campesinos han señalado que las protestas continuarán si en 48 horas la ley no es retirada o vetada por Abdo Benítez.
“El presidente de la República debe vetar la ley a favor del pueblo indígena”, señalaron los manifestantes.
Por su parte, los diputados que probaron la ley, defendieron su posición.
“La ley no busca perseguir a nadie sino dar seguridad a los ciudadanos de zonas urbanas y rurales, incluso de comunidades indígenas”, le dijo el senador Fidel Zavala, del Partido Patria Querida, al portal Semanario Universidad.
“Lo que se quiere es proteger la propiedad privada, para que la gente que quiera trabajar tenga la seguridad de que su propiedad no será invadida”, añadió el senador Enrique Bachetta, del Partido Colorado.
Según la Federación Nacional Campesina, el problema de fondo se remonta a cuando muchos campesinos e indígenas vieron arrebatadas sus tierras que fueron luego entregadas a terratenientes o personas cercanas al gobierno militar de Alfredo Stroessner, entre 1954 y 1989.
Un informe de la Comisión de la Verdad y Justicia, creada para investigar las violaciones ocurridas durante el régimen de Stroessner, señaló en 2006 que cerca de dos tercios de la tierra entregada durante la reforma agraria orquestada por ese gobierno se destinó a persona cercanas a las autoridades.
Desde entonces, estos grupos de campesinos e indígenas han intentado recuperar esos terrenos y una de sus estrategias ha sido la invasión y ocupación temporal.
“Nunca solucionaron el problema de las tierras y nos quieren hacer ver como criminales”, le dijo a varios medios locales Derlis López, uno de los dirigentes indígenas.
Y agregó: “Vamos a venir masivamente en caso de que la ley sea promulgada, no nos vamos a callar más”.
Mientras, ante los disturbios de este miércoles, el fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz publicó una orden para el comandante de la policía nacional, comisario Luis Arias, para que identifique —a través de fotografías y videos— a las personas que participaron directamente en los ataques a policías e incendio de vehículos.
El viceministro de Política criminal del Ministerio del Interior, Rubén Maciel Guerreño, dijo en su cuenta de Twitter que “sinceramente, deseo que con sólo aumentar penas se reduzca la criminalidad; sería la solución mágica”.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería se manifestó en su cuenta de Twitter “repudiando todo tipo de acto violento entre paraguayos. Ese no es el camino. Hacemos un llamado a la cordura y al diálogo”.
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