5 claves para entender el “paro armado” con el que el Clan del Golfo paralizó parte de Colombia

La extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, el hombre más buscado en Colombia, desató una represalia inmediata por parte del Clan del Golfo, la organización armada ilegal que dirigía.

El jueves 5 de mayo, el Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los urabeños o Clan Úsuga, hizo circular un panfleto en el que se “decreta 4 días de paro armado”.

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El panfleto indicaba que quedaba prohibido “abrir negocio de ninguna índole” y “movilizarse en ningún tipo de transporte”.

El comunicado terminaba con la amenaza de enfrentar “consecuencias desfavorables” a aquellos que incumplieran estas medidas.

Según el Clan del Golfo, ese paro armado debe terminar a la media noche de este lunes 9 de mayo.

Fue anunciado luego de que Otoniel partiera rumbo a Estados Unidos el pasado miércoles, para enfrentar la justicia en ese país.

Otoniel es señalado como un poderoso narcotraficante, jefe del temido Clan del Golfo, a quien se le acusa de ser autor de masacres, desplazamientos, secuestros y actos de pedofilia.

Esta no es la primera vez que Colombia enfrenta un paro armado por parte de un grupo armado ilegal, pero sí tiene algunas características, que, según los analistas, lo hacen distinto a otros del pasado.

Estas son algunas claves para entender la situación.

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En Colombia, los “paros armados” se refieren a acciones de grupos armados ilegales como guerrillas, paramilitares o narcotraficantes, en las que atacan la vida civil y de fuerzas armadas, mediante el bloqueo de vías, la restricción de la movilidad, amenazas que obligan al cierre de estableciemientos comerciales y la suspensión de las clases en colegios y universidades.

En este paro armado, el Clan del Golfo ha amenzado con ataques a quienes transiten por las vías de varios departamentos del país, incluso si van en caravanas escoltadas por el ejército.

En años recientes, la guerrilla del ELN ha anunciado varios paros armados, el más reciente fue el pasado mes de febrero.

Sin embargo, ninguno de esos paros había afectado tantas regiones del país al mismo tiempo, según reporta la agencia EFE.

Según explica el portal InSight Crime “el paro armado ha sido una estrategia común de los actores armados en Colombia como despliegue de poder en respuesta al asesinato o la captura de sus jefes, cuando enfrentan operativos del ejército o en la víspera de elecciones nacionales”.

El Clan del Golfo anunció el paro armado en represalia por la extradición a EE.UU. de su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga.

De acuerdo con un reporte de la Policía Nacional de Colombia y la Fundación Paz y Reconciliación, la organización criminal que lideraba Otoniel tiene presencia en 211 de los 1.103 municipios del país.

Se estima que más de mil hombres actuaban bajo su liderazgo, la mayoría de ellos exmiembros de la extinta guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) y las autodefensas.

El propio Otoniel formó parte del EPL y, cuando este grupo guerrillero se desmovilizó en 1991, decidió cambiar de bando: se hizo miembro de las autodefensas que ocuparon la región de Urabá, en el noroccidente de Colombia.

El lunes 9 de mayo la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que 178 municipios en 11 de los 23 departamentos del país, han sido afectados por acciones violentas.

Dichas acciones dejaron varios muertos, aunque las cifras varían. Según la JEP han muerto 24 civiles y dos miembros de la fuerza pública, así como 26 vías bloqueadas, 138 comunidades confinadas y 22 ataques a la fuerza pública.

No obstante, el Ministerio de Defensa reportó 6 muertos, tres civiles, un policía y dos soldados.

También se han reportado 180 vehículos atacados, la mayoría de ellos incinerados.

Una de las zonas más afectadas es la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba, donde se han tenido que cerrar comercios, escuelas y universidades.

El sábado, la Defensoría del Pueblo informó que 162 pacientes en Córdoba no habían podido recibir su tratamiento de diálisis.

“Las vidas de estas personas corren peligro si no reciben pronto esos insumos”, advirtió el defensor del Pueblo Carlos Camargo Assis.

La Terminal de Transporte de Montería reportó que el sábado el flujo de buses había disminuido en más del 90%.

En esa ciudad también se canceló un partido de fútbol del torneo nacional, ya que el Deportivo Medellín, el equipo visitante, no se presentó al encuentro por no poder “garantizar la seguridad de la delegación”.

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En el departamento de Antioquia, las Empresas Públicas de Medellín, capital departamental y segunda ciudad más importante del país, reportaron el desabastecimiento en el suministro de gas en varios municipios, afectando a más de 77.000 personas.

Otros departamentos que aparecen entre los más afectados por las acciones violentas son Sucre, Bolívar, Giajira, Atlántico y Chocó.

La presidente Ejecutiva de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), Nidia Hernández, informó que el paro armado les ha dejado pérdidas superiores a los $13.000 millones de pesos (US$3,2 millones).

Según el Ministerio de Defensa, este lunes 93 municipios permanecen con apertura del comercio de menos del 50%.

Cuando Otoniel fue capturado en octubre de 2021, el presidente Iván Duque afirmó que ese golpe marcaba “el final del Clan del Golfo”.

Con este paro, sin embargo, el grupo ilegal ha mostrado que aún tiene capacidad de hacer daño.

Este paro es el más grande del Clan del Golfo en los últimos seis años, según informa el portal La Silla Vacía.

“El paro armado evidencia que el Clan del Golfo tiene el poder criminal de paralizar departamentos completos”, indica un análisis de La Silla Vacía.

Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, una consultora de riesgos políticos y de seguridad que opera en Colombia, ve otros dos factores particulares en este paro armado.

“Ya habíamos visto que cuando capturaban a algún capo, se ponía en marcha un 'plan pistola', en el que se mataba policías, se atacaban estaciones, pero este paro fue contra la población civil de manera más amplia”, le dice Guzmán a BBC Mundo.

“Eso lo habíamos visto con el ELN pero no necesariamente con las Autodefensas Gaitanistas”.

“Es preocupante que un grupo armado ilegal tenga la capacidad y la intención de realizar una acción armada de esta envergadura, para eso se necesita una infraestructura política y militar bastante sofisticada”.

Y Guzmán también llama la atención sobre el hecho de que el paro haya afectado a zonas menos periféricas.

“Se están acercando peligrosamente a centros urbanos, no es menor que en una ciudad terceriaria como Monteria los negocios hayan cerrado, es una capital bien conectada a la infraestructura nacional”.

El lunes, el Ministerio de Defensa publicó un balance de las acciones de la fuerza pública para enfrentar las consecuencias del paro armado.

El Ministerio menciona “180 integrantes del Clan del Golfo entre capturados, neutralizados y sometidos a la justicia”.

También informó de 19.729 efectivos de las fuerzas militares desplegados, así como sobrevuelos, allanamientos, patrullajes, acompañamientos policiales, y movilización de alimentos.

El domingo, el presidente Iván Duque ofreció una recompensa de $5.000 millones de pesos (US$1,2 millones) para quien brinde información que permita la captura de otros miembros del Clan del Golfo.

“Que les quede claro: se someten o terminarán como alias 'Otoniel'”, advirtió el presidente.

“Seguiremos rompiendo, de manera permanente, toda la cadena del Clan del Golfo”.

Algunos sectores, sin embargo, han expresado sus críticas frente a la reacción del gobierno.

“Es muy fácil ser bravo desde la Casa de Nariño con 300 policías y escoltas que lo protegen, pero es hora que se venga para las regiones donde estamos sufriendo, aguantando hambre y no hay cómo sacar a los heridos y a las personas enfermas”, expresó el sábado el alcalde de Frontino, Antioquia, Jorge Hugo Elejalde, en declaraciones que recoge EFE.

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En entrevista con la emisora W Radio el lunes, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, dijo que “el control territorial del Estado colombiano desde hace 4 o 5 décadas, es un control con vacíos, con deficencias, y esta situación lo ha puesto de presente el paro de manera contundente”.

Por su parte, el análisis de La Silla Vacía sostiene que a pesar de la extradición de Otoniel “el Estado que preside (Duque) sigue siendo incapaz de garantizar medidas básicas de seguridad, como la libre circulación, en vastas zonas del país”.

El analista Sergio Guzmán sostiene que la reacción del gobierno no fue oportuna.

“Percibo que las autoridades no reaccionaron con todo el peso de la ley y la prontitud esperada”, dice el analista.

“El gobierno del presidente Duque salió a Costa Rica en medio del paro a la posesión del presidente de Costa Rica y no apareció en Monteria”.

“Ni hablar de las fuerzas militares, que habiendo un paro desde el jueves, apenas hacen un despliegue el domingo. Eso es preocupante porque parecen no estar dándole el peso que amerita un paro armado que tiene paralizada, amenazada o sitiada a gran proporción de la población del país”.

Según Guzmán, este paro armado es una señal de que la situación de seguridad en el país está “erosionandose” y que el gobierno está perdiendo el monopolio del uso de la fuerza.

“Que el gobierno no lo tome como una amenaza seria a la existencia de la nación, me parece que es subestimar la amenaza que esto representa”, concluye el analista.