Felipe de la Cruz Sandoval no llora la muerte de un hijo. Pero dice que peleará hasta el final para que se sepa la verdad de lo que sucedió el 26 de setiembre del 2014 en la localidad mexicana de Iguala. Es el coordinador de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron aquel día. Seguir a @Mundo_ECpe !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');
También es el hombre que el 29 de octubre del 2014 encaró al presidente Enrique Peña Nieto y le exigió su renuncia durante una reunión que sostuvo el mandatario con los padres de los 43.
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Su hijo, Ángel, se salvó, pero, según cuenta Felipe a El Comercio vía telefónica, él sufre serios daños psicológicos que lo han convertido en un muerto en vida.
“Mi hijo era un joven alegre, tocaba la guitarra, le gustaba leer y hacer todo lo que hacen los jóvenes de su edad, pero hoy únicamente se dedica a estudiar y a estar encerrado, casi nunca sale del internado de la escuela”, se lamenta. “Espiritualmente se siente muerto”, continúa.
Luego de lo ocurrido en Iguala, Ángel, ahora de 20 años, retomó los estudios en la escuela normal de Ayotzinapa, pero no sale a la calle por temor a encontrarse con algún policía o militar. Su padre dice que fue testigo del intento de asesinato del estudiante Aldo Gutiérrez a manos de sujetos que llevaban uniforme policial. El muchacho recibió un balazo en la cabeza que lo dejó en estado vegetativo.
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Felipe recuerda que siguió en tiempo real lo que sucedió ese 26 de setiembre. Su hijo se lo iba contando por teléfono. Le narró que la misma noche del ataque convocaron a una conferencia de prensa para denunciar la desaparición de sus compañeros, pero esta fue abortada a balazos por la policía.
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Felipe de la Cruz, padre de uno de los estudiantes sobrevivientes. (AFP).
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¿Quiénes fueron?
El jueves, Peña Nieto dijo en una entrevista con Radio Fórmula que su gobierno ha realizado una investigación “como ninguna otra, ha dedicado tantos esfuerzos, tantos recursos humanos y recursos materiales”.
Pero la visión que tiene Vidulfo Rosales, el abogado de los padres de los 43 estudiantes, es otra. En diálogo con El Comercio, aseguró que en estos dos años se ha tenido una investigación ineficiente e irregular que, lejos de avanzar en la búsqueda de la verdad, ofrece más incertidumbres. Además, remarcó que hasta el momento nadie ha sido condenado.
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Unas 130 personas permanecen detenidas. De ellas, 60 han impugnado los procesos en su contra porque alegan que sus confesiones fueron arrancadas bajo tortura o porque fueron detenidas de manera arbitraria.
En cuanto a la responsabilidad que tendrían el alcalde de Iguala y su esposa como autores intelectuales de la desaparición, Rosales cree que ambos son un peldaño muy pequeño en el caso.
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Muchos de los padres ahora viven en la escuela donde estudiaban sus hijos. (AFP)
“La decisión de su desaparición y asesinato no la tomó el alcalde. Esas decisiones seguramente se tomaron en otro nivel al que no tiene acceso Luis Abarca”.
“No sabemos a quién protege el Estado, pero seguramente hay autoridades de muy alto nivel que tienen responsabilidad”, sentencia.
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Otro aspecto que cuestiona la defensa de los estudiantes es el que a los detenidos no se les haya sindicado por el delito de desaparición forzada (están encarcelados por homicidio, lesiones, delincuencia organizada y secuestro).
¿Por qué es importante tipificar el delito de desaparición forzada? Rosales explica que ello es fundamental porque plasma lo que sucedió: la privación de la libertad llevada a cabo por autoridades o por civiles con el conocimiento de estas.
“Si lo dejamos como secuestro, en términos jurídicos hay una debilidad porque para ese delito uno de los elementos fundamentales es el beneficio, el lucro, la petición de rescate. Los acusados podrían obtener su libertad porque no se configura el tema del rescate”, advierte.
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Reuters
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La verdad esquiva
Jorge Chabat, analista político mexicano, sostiene que el Caso Ayotzinapa marca un antes y un después en la gestión de Peña Nieto.
“Ha sido muy negativo para el presidente, a pesar de que el gobierno federal no ha tenido implicación directa en el hecho. Esta desaparición fue cometida por grupos criminales locales en complicidad con autoridades locales”, indica a El Comercio.
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¿Algún día se sabrá la verdad? “Quisiera decirle que sí, pero me temo que nunca vamos a saberlo. Los forenses dicen que las primeras 48 horas después de un crimen siempre son importantes para recopilar la evidencia, en este caso llevamos mucho más, y da la impresión de que la evidencia, si existía, ha desaparecido”, dice Chabat.
Felipe de la Cruz piensa seguir buscando la verdad, a pesar de que le han dicho que terminará despedazado. “No tengo miedo”.Tweets por el @Mundo_ECpe. !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+“://platform.twitter.com/widgets.js”;fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,“script”,“twitter-wjs”);
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