Nicolás Maduro seguirá al frente de Venezuela durante seis años más, pues ganó las elecciones presidenciales de este domingo con casi el 70% de los votos.
El resultado no debería sorprender, porque la mayoría de las encuestas lo auguraban. Sin embargo, al mismo tiempo sí debe hacerlo, porque el grueso de esos mismos sondeos aseguraban que el 80% de los consultados reprobaba la gestión del sucesor del fallecido Hugo Chávez y que más del 60% de ellos creía que era necesario que dejara el poder, por considerarlo el responsable de problemas como la acuciante escasez de alimentos y medicinas o la hiperinflación.
¿Son los venezolanos bipolares o masoquistas? ¿Cómo es posible que un presidente impopular gane unos comicios y que lo haga con una ventaja de 47 puntos sobre su rival más cercano? Analistas, opositores y chavistas disidentes atribuyeron los resultados a la coacción ejercida por las autoridades mediante los programas sociales, en especial mediante el llamado Carnet de la Patria, un dispositivo puesto en marcha por el Gobierno en el 2016 oficialmente para centralizar las ayudas a los más necesitados y que en los últimos cuatro procesos comiciales ha sido empleado como un instrumento de control social.
“Maduro logró montar una operación políticamente funesta y éticamente reprobable, pero electoralmente eficaz: Logró transformar el hambre de los venezolanos en un mecanismo de movilización partidaria y subordinación política”, denunció el ex secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba.
En similares términos se pronunció el periodista especializado en temas electorales, Eugenio Martínez, quien agregó: “Los estudios de opinión señalaban que una elección normal Henry Falcón o cualquier otro candidato opositor le ganaría a Maduro, pero esta no fue una elección normal. Este fue un evento muy condicionado, donde el Gobierno chantajeó con quitarle los alimentos que subsidia a quienes no le votaran, por lo que era muy poco probable que Maduro no ganara”.
Pero es que el propio mandatario no tuvo empacho en dejar en claro que quienes no marcaran la tarjeta del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se arriesgaban a perder los pocos beneficios que aún otorga el Gobierno.
“Yo le hago un llamado a todos los que tienen Carnet de la Patria, (…) esto es dando y dando (…) 16 millones 500 mil carnetizados y quiero protegerlos a todos, pero yo los llamo a votar el 20 de mayo a todos con el Carnet de la Patria”, espetó en plena campaña.
Con el carnet no solo se puede acceder a bienes a precios regulados sino a las asignaciones económicas que el Estado ha venido otorgando, como el “Bono navideño” por 500 mil bolívares (Poco más de un dólar al mercado negro del momento) que entregó en diciembre para comprar regalos por las fiestas o el de “Carnaval” de 700 mil que recibieron 4 millones de personas, respectivamente, según las autoridades.
En Venezuela más del 80% de los trabajadores apenas perciben el salario mínimo, el cual es insuficiente para adquirir la canasta básica a precios libres. Para conseguir esto se deben percibir ingresos equivalentes a 25 salarios mínimos, de acuerdo organizaciones gremiales.
Pero es que además las autoridades, como en procesos anteriores, tampoco tuvieron prurito en utilizar todos los recursos del Estado a favor del aspirante a la reelección. “El despliegue de la movilización estuvo sustentado sobre la estructura de los CLAP (los comités locales de abastecimiento y producción, responsables de entregar las bolsas de comida a precios subsidiados)”, denunció la ex defensora del Pueblo y ahora disidente oficialista, Gabriela Ramírez, quien agregó: “Presionaron a los coordinadores o jefes de cuadra para que fueran puerta por puerta con sus listados del Carnet de la Patria y le pidieran a las personas inscritas en la asignación de la bolsa de comida para que fueran a votar, porque en caso contrario les iban a desactivar los carnet y no iban a recibir más las bolsas. Es un mecanismo de chantaje, en el cual participó toda la estructura del Estado, desde supervisores de escuelas, gobernadores de Estado hasta ministros”.
El Comercio tuvo acceso a dos notas de voz que el ministro de Comunas y anterior vicepresidente, Aristóbulo Isturiz; y el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, enviaron, vía Whatsapp, en horas de la tarde del domingo a coordinadores de los planes sociales para que estos fueran tras los electores que no habían sufragado, porque los índices de participación no superaban el 30%. Al final el Consejo Nacional Electoral (CNE) aseguró que acudieron a las urnas el 46% de los inscritos, la cifra más baja desde la reinstauración de la democracia en 1958. Una investigación realizada por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y para la cual fueron entrevistadas 1 mil personas reveló que el 50% de quienes se declaran chavistas en alguno de los tres comicios anteriores habían sido llamados por alguien del partido o de los CLAP para recordarle que debía votar o incluso los buscaron en su casa en el día de los comicios para acompañarlos al centro de votación. Sin embargo, para la ex defensora la alta abstención registrada es síntoma de una revuelta silenciosa dentro en las descontentas bases oficialistas y pueden ser el augurio de nuevos problemas para el mandatario, quien solo en abril enfrentó 30 protestas diarias, en su mayoría en rechazo al mal funcionamiento de los servicios públicos y por problemas como la escasez de alimentos y la hiperinflación. “Los próximos días van a ser muy duros, porque no se puede tapar la soberanía ni el poder del pueblo con una elección amañada. El Gobierno debe asumir su disminución y no puede pretender seguir detentando el poder, por lo que debe abrir caminos para el cambio”, remató Ramírez.
El Carnet de la Patria no es el primer intento del Gobierno por establecer un mecanismo de control del electorado. En 2003, en el marco del proceso del fallido referendo revocatorio que impulsó la oposición contra el desaparecido Hugo Chávez, el chavismo tomó la lista de quienes respaldaron esa solicitud y la utilizó para despedir a los funcionarios públicos o negarle empleos en el Estado a quienes aparecieran en ella. Esta lista fue bautizada como Tascón, en honor al desaparecido diputado chavista Luis Tascón, quien la obtuvo del CNE; y fue transformada en un software y que se empleaba en las oficinas de Recursos Humanos como filtro. Años después el Gobierno comenzó a utilizar los registros de las llamadas misiones (planes sociales), especie de censos de beneficiarios, para elaborar otras listas de adeptos e identificar a adversarios. La organización Transparencia Venezuela no ha dudado en calificar estos mecanismos como “apartheid bolivariano” y los ha cuestionado nacional e internacionalmente por ser discriminatorios.