La Paz. La Fiscalía de Bolivia imputó hoy a siete personas por la supuesta violación y muerte de un bebé de ocho meses que residía en un centro de acogida dependiente de la Gobernación de La Paz, informó una fuente oficial.
Una comisión de fiscales formada para investigar este caso decidió acusar de los delitos de infanticidio y encubrimiento a esas personas, entre las que hay empleados del centro de acogida y médicos del hospital al que el pequeño fue trasladado supuestamente tras sufrir el abuso sexual, dijo la fiscal Edna Montoya, según radio Erbol.
Hasta ahora habían sido detenidas 10 personas: seis médicos del Hospital del Niño que derivaron al menor a otro hospital, además de otro médico, un portero, una enfermera y una cuidadora, todos ellos funcionarios del orfanato.
La muerte del bebé, que trascendió ayer, causó una conmoción generalizada en Bolivia y peticiones de castigos ejemplares para el autor o autores del crimen.
El pequeño Óscar, que residía desde hace un tiempo en el orfanato público Virgen de Fátima tras ser rescatado de sus padres alcohólicos, sufrió un paro cardiorrespiratorio a consecuencia de las hemorragias internas que le provocó la violación, según ha determinado la autopsia.
Montoya afirmó que la Fiscalía concluyó que el infanticidio ocurrió en el Hospital del Niño de la capital paceña, adonde el pequeño fue llevado supuestamente tras sufrir la violación y cuyos médicos derivaron el caso a otro hospital tras reanimar al bebé, que llegó en parada cardiorrespiratoria al primer centro sanitario.
Mientras, el gobernador del departamento de La Paz, el oficialista César Cocarico, calificó este sábado de “incomprensibles” las circunstancias que llevaron a la muerte del pequeño Óscar y pidió una investigación rápida para aclarar lo ocurrido.
Cocarico, según la agencia estatal ABI, advirtió que no habrá protección para los implicados en el caso: “no dejaremos pasar nada, no importa si es amigo, si es nuestro personal, llegaremos a la verdad de los hechos”, aseguró.
Aunque reconoció que “el maltrato está comprobado”, pidió que se aclaren las circunstancias -y en particular, el lugar- en que se produjo la supuesta violación.
Cuando ayer trascendió el caso, la Defensoría del Pueblo de Bolivia manifestó su consternación y anunció que pedirá a la Gobernación de La Paz un informe sobre las medidas de seguridad y control que existen en sus centros de acogida de menores.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, indicó en un comunicado que “exigirá un informe detallado sobre las medidas de seguridad y control (...) para garantizar la seguridad, cuidado y protección” de los pequeños, así como los criterios, requisitos y evaluación sicológica que se aplica al personal contratado para trabajar con los menores.
La Gobernación de La Paz, consideró el alto funcionario, “no puede eludir su responsabilidad en este caso porque estos centros están bajo su responsabilidad”.
Este caso tiene lugar en medio de una ola de denuncias de violencia sexual contra mujeres y menores, que ha preocupado a las autoridades del Gobierno, que estudia qué acciones poner en marcha para frenar los recurrentes casos de abuso y ataques sexuales.
Fuente: EFE
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